La magistrada a cargo del caso está a punto de dictar sentencia, que podría fijar una pena que varía entre los 22 años propuestos por la defensa y los 30 años solicitados por la acusación particular y la Fiscalía.

LUGO, 29 de mayo.

Un jurado popular ha declarado culpable a J.U.V.S., un hombre de nacionalidad colombiana, por el asesinato de Cristina Cabo Buján, una reconocida emprendedora de A Milagrosa en Lugo, quien dirigía una tienda de productos ecológicos.

Después de un intenso juicio de tres días, los nueve miembros del jurado, conformados por seis hombres y tres mujeres, concluyeron que el crimen ocurrió con alevosía y ensañamiento, ya que la víctima sufrió 49 heridas de arma blanca en su hogar, donde ambos se encontraban tras haber coincidido en un pub del centro histórico de la ciudad.

A pesar de los intentos de la defensa por argumentar que la mujer había sido la primera en empuñar el cuchillo, los miembros del jurado no hallaron pruebas que respaldaran esta afirmación, que era clave para solicitar una posible atenuante de legítima defensa.

Asimismo, el jurado rechazó la alegación de un trastorno mental transitorio, ya que no se estableció que la ingesta de drogas y alcohol hubiese afectado la capacidad del acusado para entender la gravedad de sus acciones.

Adicionalmente, la defensa argumentó que el acusado merecía una atenuante por haber colaborado con la investigación tras su arresto. Sin embargo, esta petición también fue desestimada por el jurado, quien comenzó su deliberación alrededor de las 13:00 horas y emitió su veredicto hacia las 19:00 horas del jueves.

J.U.V.S. no solo fue hallado culpable de asesinato, sino que también se le consideró responsable de un robo con fuerza. Al abandonar la escena del crimen, mientras la víctima continuaba con vida, sustrajo un ordenador y una bicicleta, que utilizó para llegar a la casa de su hermana y deshacerse de las prendas manchadas de sangre.

El dictamen fue recibido con alivio por parte de la familia de Cristina Cabo, quienes presenciaron el proceso judicial, marcado por momentos difíciles, especialmente durante la declaración del acusado.

Con este veredicto, tanto la acusación particular como la Fiscalía han solicitado la pena máxima: 25 años por el asesinato y 5 por el robo con violencia. La defensa, en contraparte, solicitó 20 años por el asesinato y 2 por el robo. También se contempla una responsabilidad civil hacia el padre de la víctima, quien ya ha fallecido, y sus hermanos. Ahora, será la magistrada quien defina la sentencia definitiva.

Fernanda López, abogada de la acusación particular, ha expresado la intención de la familia de que el condenado cumpla la pena completa y posteriormente sea deportado del país.

Existen posibilidades de apelación respecto a esta decisión, aunque Pilar Baños, abogada del acusado, declaró que aún no se ha decidido si se presentará dicho recurso.