En Madrid, a 22 de marzo, se ha dado un paso significativo en las negociaciones entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia para establecer un nuevo convenio que regule la función de la Unidad de Policía Adscrita en esta región. Este avance se produce justo después de que se firmara un acuerdo similar en Andalucía, lo que pone de relieve un esfuerzo coordinado entre diferentes comunidades autónomas.

Las unidades en cuestión, aunque están bajo la supervisión de la Dirección General de la Policía Nacional, operan de manera funcional bajo las direcciones de Interior de cada comunidad, tal como indican los acuerdos vigentes. Esto resalta la importancia de la colaboración interinstitucional en temas de seguridad pública.

Dependiendo del convenio establecido, la Policía Adscrita tendrá responsabilidades variadas que incluyen la protección de autoridades y edificios gubernamentales, así como la vigilancia en el transporte de menores que han infringido la ley. También se abordarán cuestiones como el absentismo escolar y la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.

Estas conversaciones con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han resuelto tras un año repleto de tensiones y acusaciones. En una carta remesa en enero de 2024, el ministro Fernando Grande-Marlaska instó a estos gobiernos a cubrir el 50% de los costes asociados con estas unidades, en un intento por equilibrar la carga financiera que implica su funcionamiento.

En esa comunicación, el ministro se dirigió a las preocupaciones expresadas por los gobiernos autonómicos del PP, reconociendo las "dificultades" que la falta de actualización de estas unidades ha generado a lo largo del tiempo. Grande-Marlaska subrayó su compromiso personal con la preservación y mejora de sus capacidades operativas.

El ministro enfatizó la necesidad de que las comunidades autónomas cumplan con la Ley Orgánica 2/1986, que establece que deben colaborar en la financiación de estas unidades a través de un aporte anual que cubra el 50% de los gastos operativos.

La iniciativa de la Secretaría de Estado de Seguridad culminó con la firma del convenio con la Junta de Andalucía el 13 de febrero, donde el gobierno andaluz acordó asumir la mitad de los salarios del personal de estas unidades, así como cubrir los gastos de infraestructura y otros recursos necesarios para el funcionamiento efectivo de la Policía Adscrita.

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia e Interior de Andalucía, celebró el acuerdo, señalando que, tras años de reivindicaciones y propuestas, se ha logrado materializar este convenio gracias al diálogo y la lealtad institucional. Este incluye una ampliación de personal en la unidad, con la proyección de añadir 270 nuevos efectivos en un periodo de cuatro años, alcanzando así un total de 632 agentes.

En el caso de Galicia, las negociaciones entre la Xunta y el Ministerio del Interior han alcanzado "el más alto nivel", con el objetivo de renovar el convenio de la unidad policial desde su establecimiento en 1991. Tal como confirmaron fuentes de ambos gobiernos el 21 de febrero, se abordan temas cruciales como la financiación y la necesidad de aumentar el número de efectivos, una inquietud ya expresada en múltiples ocasiones por el Parlamento gallego.