En un contexto de creciente tensión entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia, el mes de diciembre está marcado por la urgencia de hallar un acuerdo sobre la financiación de la Unidad Adscrita de Policía. Este sábado, el Ministerio ha reafirmado su voluntad de dialogar con el Gobierno gallego para que asuma el 50% de los costos de esta unidad, tras la advertencia autonómica de que podría retirar la protección de las víctimas de violencia de género en ausencia de un entendimiento.

Fuentes del Ministerio, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, han manifestado a Europa Press que están abiertos a negociaciones no solo con Galicia, sino también con otras comunidades autónomas que cuentan con unidades similares. Esta actitud conciliadora se evidencia en el reciente convenio firmado con la Junta de Andalucía, donde el gobierno regional, también del Partido Popular, se comprometió a financiar la mitad de las remuneraciones de sus agentes adscritos.

Desde el Ministerio del Interior se ha enfatizado la necesidad de establecer acuerdos que, según la ley, incluyan el compromiso de financiar el 50% de las retribuciones de las unidades. Además, se proyecta la posibilidad de firmar un acuerdo similar con Aragón, buscando así fortalecer la colaboración institucional en materia de seguridad.

En respuesta a la situación, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha señalado que Galicia enfrenta un contexto diferente respecto a otras comunidades, destacando que la región ya ofrece servicios que en otros lugares no están disponibles. Por esta razón, plantea que la estructura de financiación debería ser ajustada a esta particularidad local.

El Gobierno gallego defiende que la protección de las víctimas de violencia machista es una responsabilidad estatal, aunque desde 2016 se firmó un acuerdo que establece una cooperación entre Galicia y el Estado en estas labores fundamentales. Calvo ha insistido en que la postura de la Xunta busca ante todo resguardar los intereses de las víctimas y de la ciudadanía gallega, a pesar de las críticas recibidas tanto desde la oposición como del Ejecutivo central.

A pesar de las diferencias, el conselleiro ha reafirmado su disposición a encontrar un terreno común entre el enfoque de Galicia y el del Ministerio del Interior, en un esfuerzo por alcanzar un "punto intermedio" que favorezca a todas las partes involucradas.

Actualmente, la Unidad de Policía Adscrita en Galicia está compuesta por 338 agentes, aunque el objetivo es contar con una plantilla completa de 500 efectivos. En la actualidad, el Estado cubre los salarios, mientras que la Comunidad gallega asume los costos de productividad y funcionamiento. Sin embargo, el Gobierno central ha demandado que la Xunta se haga cargo del 50% de las nóminas, manteniendo un conflicto sobre las condiciones de financiamiento que podría afectar directamente a las operaciones de seguridad y protección en la región.

Las Policías Adscritas, que operan bajo la dirección de la Policía Nacional, responden a las necesidades de seguridad definidas por los gobiernos autonómicos, incluyendo la protección de autoridades, la vigilancia de menores y la custodia del medio ambiente. Esta situación pone de manifiesto la compleja dinámica entre competencias estatales y autonómicas que un buen acuerdo debería abordar, buscando siempre el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.