Indemnización de 300.000 euros a paciente que quedó en silla de ruedas tras cirugía en Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado un importante paso al corregir el fallo de primera instancia que negaba un daño desproporcionado en un caso de negligencia médica. La paciente, que sufrió una paraplejia con déficit sensitivo en las extremidades inferiores debido a una operación de hernia de disco en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), recibirá una indemnización de 300.000 euros por parte del Servizo Galego de Saúde.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr.

La sentencia emitida por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal gallego destaca que el daño neurológico sufrido por la paciente no puede atribuirse a la intervención quirúrgica realizada, ya que se produjo en una zona distante y ajena al procedimiento. Esto supone un reconocimiento importante ante un caso de negligencia médica que dejó a la mujer en silla de ruedas y con una dependencia en sus actividades diarias.

El tribunal resalta la falta de explicaciones claras por parte de los peritos durante el proceso judicial, lo que refuerza la idea de que el daño sufrido por la paciente fue resultado de la actuación del personal médico del hospital ourensano. La carga de la prueba, según los magistrados, debe recaer en la administración sanitaria, que no pudo demostrar que el daño causado no fue consecuencia de un error durante la operación.

Es evidente que la paciente ingresó al hospital con una hernia discal y salió con una lesión neurológica significativa en una zona distinta a la intervenida, lo que refuerza la responsabilidad del Sergas en este caso. La sentencia aplica la doctrina de daño desproporcionado, indicando que la administración debe asumir la responsabilidad cuando no pueda explicar las causas de un resultado anómalo como el sufrido por la paciente.

En definitiva, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido la importancia de velar por la integridad de los pacientes y la necesidad de responsabilizar a las instituciones sanitarias por posibles negligencias que provoquen daños desproporcionados en aquellos que acuden en busca de atención médica.