Las organizaciones sociales han decidido unirse en un llamado a la acción frente a la reciente decisión de la Xunta de Galicia, que ha tomado la determinación de excluir a grupos comprometidos con la defensa del medio ambiente y comunidades de montes vecinales del Consello da Minaría. Esta decisión ha sido catalogada como “unilateral” y contraria a los intereses de aquellos que han estado involucrados desde la creación del órgano en 2008.

En un comunicado público, estas entidades expresan su profunda preocupación, subrayando que la legislatura vigente supuestamente garantiza su representación en este consejo. Sin embargo, advierten que la nueva ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025 tiene como objetivo expulsarlas de manera furtiva y definitiva.

Entre las organizaciones que han firmado este manifiesto se encuentran Adega, Amigas da Terra, la Confraría de Pescadores de Noia, Ecoloxistas en Acción, la Federación Ecoloxista Galega, la Fundación Montescola, Greenpeace, la Organización Galega de Comunidades de Montes, Plademar Muros-Noia, el Sindicato Labrego Galego, la Sociedade Galega de Historia Natural y Verdegaia.

Los firmantes argumentan que esta acción representa un ataque directo al derecho de la sociedad civil a ser informada y a participar en decisiones que afectan a un sector que tiene un impacto significativo tanto en los ecosistemas como en la salud pública.

Por otro lado, también señalan que esta medida podría ser considerada ilegal, ya que contraviene la Convención de Aarhus, la cual regula la participación en cuestiones ambientales y establece el principio de no regresividad en derechos adquiridos en esta área.

La expulsión de estas organizaciones del consejo consultivo es vista como un hecho sin precedentes en la trayectoria de la administración autonómica. Los colectivos destacan que esto forma parte de una estrategia sistemática para marginar y deslegitimar a aquellos grupos que han defendido la justicia ambiental.

La preocupación de estas entidades no es infundada: hace un año, la Xunta ya había mostrado su postura a través de la 'Axenda de Impulso da Minaría Sostible de Galicia 2030', documento en el que hacían repetidos señalamientos hacia el 'ecologismo radical' y el 'fuerte activismo de las asociaciones ecologistas', tildándolos de amenazas, en particular en relación a proyectos mineros en áreas como Touro, San Finx, Muras, Penouta y Doade.

Los firmantes resaltan que esta supresión de voz ocurre en un momento crítico, cuando el Consello da Minaría se prepara para informar sobre el plan sectorial de actividades extractivas impulsado por la Xunta, así como en un contexto donde se ha anunciado un concurso de derechos mineros en todo el territorio gallego sin precedentes.

Desde su perspectiva, esta decisión evidencia la influencia del lobby de la minería, y demandan que el consejo se abra a la inclusión de otros actores sociales, como cofradías, organizaciones agrarias y plataformas de afectados, buscando así la diversidad y representación adecuada.

Los colectivos critican, además, que la erradicación de la sociedad civil de estos espacios de toma de decisiones es una táctica común de la Xunta, que busca debilitar el acceso a información y el ejercicio de los derechos ciudadanos, en un contexto donde estas prácticas son cada vez más prevalentes.

Por todo esto, estas entidades han solicitado reuniones con los distintos grupos parlamentarios, exigiendo la retirada inmediata de esta medida. Al mismo tiempo, no descartan la posibilidad de emprender acciones legales si se aprueba la ley tal como está planteada. Subrayan que, más allá de estas maniobras, la resistencia y la oposición de la sociedad frente a actividades destructivas y perjudiciales continuará firme.