Galicia y el Noroeste presionan a la UE para liberar la AP-9 y AP-66 en 2025

¿Sabías que las autopistas más importantes del noroeste de España están en peligro de ser públicas? Galicia, Asturias y Castilla y León han unido fuerzas para que la Unión Europea obligue al Gobierno a liberar las autopistas AP-9 y AP-66, que llevan décadas en manos privadas y que ahora podrían volver a ser públicas.

Estas autopistas no solo conectan ciudades, sino que afectan directamente a la vida cotidiana de millones de personas y a muchas empresas. La lucha surge porque el actual régimen concesional impide que estas vías sean gestionadas por la Xunta o la Junta, limitando el control y aumentando los peajes, que golpean el bolsillo de los ciudadanos y perjudican la economía local.

Si la UE obliga a que estas autopistas se liberalicen, los peajes podrían reducirse o incluso desaparecer. Esto significaría un ahorro importante para quienes usamos estas vías a diario, y también una reducción en los costes para las empresas que necesitan transportar mercancías por la región. Pero si el Gobierno sigue sin actuar, las comunidades advierten que el conflicto puede escalar a sanciones o procedimientos judiciales que retrasarían aún más la solución.

Para los vecinos, esto significa que, si se logra liberar estas autopistas, podrán viajar más barato y con mayor libertad. Sin embargo, si no se cumple, seguirán pagando peajes abusivos y con poca transparencia en cómo se gestionan esas vías. La batalla legal y política está en marcha, pero aún no hay una solución clara a la vista.

Ahora, lo más importante es que los afectados, ciudadanos y empresas, exijan transparencia y compromiso. Deberían estar atentos a las decisiones del Gobierno y presionar para que se cumpla la legalidad europea. La movilización y la acción ciudadana pueden marcar la diferencia en que estas autopistas vuelvan a manos públicas y más justas.

Lo que puede pasar ahora es que la UE siga presionando y, si el Gobierno no cumple, se abran procesos judiciales que alarguen la espera. Lo recomendable es que las comunidades continúen unidas, exigiendo respuestas concretas, y que los usuarios se organicen para defender sus derechos. La historia aún no está escrita, pero la movilización social será clave para defender sus intereses.