En un contexto nacional marcado por la búsqueda de refugio, España ha recibido un total de 167.366 solicitudes de asilo, con una notable concentración de peticiones provenientes de Venezuela, que alcanzaron las 66.134, seguidas por las de Colombia, que suman 40.140. Este fenómeno refleja la creciente crisis migratoria en la región.

Desde Santiago de Compostela, se informa que Galicia ocupa el cuarto lugar entre las comunidades autónomas que más solicitudes de protección internacional han recibido en 2024, con 8.415 peticiones. En este ámbito, la Comunidad de Madrid se mantiene a la cabeza, recibiendo más de 47.000 solicitudes, seguida de Andalucía y Cataluña.

A nivel nacional, un análisis demográfico de las solicitudes revela que la mayoría de solicitantes se encuentra en la franja de edad de 18 a 34 años, con un total de 85.537 solicitudes. Aparte de Venezuela y Colombia, otros países de origen destacados son Mali y Perú, que aportan más de 10.500 peticiones cada uno.

Al comparar los datos con 2023, se observa un aumento en las solicitudes, que subieron de 163.642 a más de 167.000 en el último año. Esta tendencia positiva se ha mantenido desde 2021, cuando se registraron 65.946 solicitudes, las cuales casi se duplicaron en 2022, llegando a 119.242.

Aunque este año Galicia ha avanzado un puesto en el ranking de comunidades que reciben solicitudes, pasando del quinto al cuarto lugar, en términos absolutos recibió 36 solicitudes menos que el año anterior. Aun así, Madrid, Andalucía y Cataluña continúan dominando las cifras de peticiones.

No obstante, es crucial subrayar que, a pesar de la ligera disminución en Galicia, el número total de solicitudes ha ido en aumento constante durante los últimos cinco años, casi duplicándose en el proceso.

Las solicitudes de protección internacional están fundamentadas en casos de persecución según la Convención de Ginebra de 1951 y la legislación española vigente, que incluye motivos como raza, religión, política, género y orientación sexual.

Una vez presentado el pedido ante las autoridades competentes, el solicitante es convocado a una entrevista confidencial, donde tiene el derecho a contar con asistencia legal e intérprete. Si se le otorga el estatus de refugiado, este es permanente.

Durante el proceso de solicitud, a los solicitantes de protección internacional se les permite residir en España, moverse libremente por el país y recibir permiso para trabajar seis meses después de presentar la solicitud. También tienen acceso a asistencia legal, atención sanitaria y, si es necesario, a un sistema de acogida diseñado para estas personas.

Paralelamente, existe un mecanismo de protección temporal enmarcado en la normativa de asilo de la Unión Europea, que se activa en situaciones de emergencia para responder a flujos masivos de personas. Este mecanismo busca brindar protección inmediata a quienes han sido desplazados forzosamente.

Un claro ejemplo de este aumento en solicitudes de protección temporal se evidenció con el estallido de la guerra en Ucrania, que provocó un considerable incremento en 2023. La resolución de estas solicitudes se maneja de manera expedita, con un plazo de 24 horas y un periodo de validez que puede extenderse de uno a tres años, permitiendo a los beneficiarios acceder a residencia, trabajo, educación, y atención sanitaria.

El Ministerio del Interior ha comenzado a informar mensualmente sobre las resoluciones de protección temporal. En un informe reciente correspondiente a enero de 2025, se reportaron 3.070 resoluciones, de las cuales solo 12 se registraron en Galicia, particularmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Galicia es una de las comunidades con menor número de resoluciones de protección temporal, muy por debajo de la Comunidad Valenciana, que se sitúa en la cima con 834 peticiones, seguida de Andalucía, Madrid y Cataluña.

El informe del Ministerio destaca además que en 2023 se contabilizaron 33.973 solicitudes de protección temporal, de las cuales 32.797 provenían de Ucrania, siendo la provincia de Alicante la más afectada con 7.789 solicitudes, seguida de cerca por Barcelona y Málaga.

En Galicia, el total de solicitudes de protección temporal llegarán a 335 en 2023, de las cuales 329 tienen su origen en Ucrania, siendo A Coruña la provincia con más solicitudes, seguida de Pontevedra, Lugo y Ourense, en un escenario que continúa evolucionando.