En una reciente sesión de control en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado un importante avance en las políticas de vivienda al anunciar un incremento en los umbrales de renta que permitirá a más familias acceder a la compra y alquiler de viviendas de promoción pública en Galicia. Esta medida, que entrará en vigor el próximo año, busca combatir la crisis habitacional que afecta a la comunidad.

Durante su intervención, Rueda no ofreció cifras detalladas en ese momento, pero posteriormente, fuentes del Gobierno autonómico confirmaron que el nuevo límite de renta se elevará en más de 5.000 euros, alcanzando los 31.500 euros anuales. Este cambio se produce en un contexto en el que el umbral actual se sitúa en 26.250 euros anuales, equivalente a 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), y se prevé que en 2025 ese límite se eleve a tres veces el Iprem, lo que reflejará una mejora notable en el acceso a la vivienda pública para muchas familias gallegas.

Rueda argumentó que es inaceptable que una pareja que gana 24.000 euros anuales no tenga la posibilidad de acceder a una vivienda pública, enfatizando la necesidad de proteger esos espacios esenciales para la vida de las personas. En su respuesta a José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG, Rueda aseguró que su gobierno se comprometía a mantener la protección de las viviendas, aludiendo a un pasado donde se desprotegieron miles de ellas, subrayando su responsabilidad en la creación de un entorno más favorable para los jóvenes que buscan un hogar.

Como parte de su estrategia, la Xunta también planea triplicar el presupuesto destinado a vivienda pública y suelo residencial hasta alcanzar los 120 millones de euros. Además, se espera reservar un 25% de las viviendas públicas para la venta y un 40% para el alquiler específicamente para jóvenes. Rueda destacó que su meta es duplicar la cantidad de viviendas públicas hasta llegar a 8.000 para el final de la legislatura, con ya más de 1.000 unidades en desarrollo desde el inicio de su mandato.

Mientras tanto, Besteiro insistió en la urgencia de adoptar la ley estatal de vivienda, particularmente en lo que respecta a las zonas de alta demanda, y propuso la creación de un banco público de alquileres con precios accesibles como una solución concreta ante la creciente crisis de vivienda que afecta a miles de gallegos. Él argumentó que esta iniciativa podría movilizar cerca de 5.000 viviendas vacías en las principales ciudades, con una inversión de 20 millones de euros al año, y que el alquiler no debería exceder el 30% de los ingresos de los inquilinos.

En respuesta, Rueda reafirmó el compromiso de su gobierno de aplicar la ley y no planteó objeción alguna siempre que se cumplan los requisitos. Sin embargo, apuntó que muchos ayuntamientos, incluidos los socialistas, no estaban siguiendo los trámites necesarios, lo que, según él, podría estar obstaculizando el progreso. Su posición es clara: considera que demonizar a los propietarios no generará un clima de confianza, necesario para incentivar el alquiler de propiedades que, a su juicio, permanecen vacías a la expectativa de un cambio en la legislación estatal.

Finalmente, Rueda subrayó que es crucial transformar la normativa de vivienda actual, argumentando que solo así se podrá restaurar la confianza tanto de propietarios como de inquilinos, y así abordar de manera efectiva los retos que plantea la situación habitacional en Galicia.