En la actualidad, Galicia se encuentra en una situación ambivalente en cuanto a la gestión de la dependencia. Un reciente informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, llevado a cabo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, señala que la comunidad gallega tarda en promedio 340 días en resolver los expedientes de dependencia, cifra que, aunque parezca alentadora, sigue siendo insuficiente considerando que la legislación establece un plazo máximo de 180 días.

Uno de los aspectos positivos del informe resalta que Galicia ha logrado reducir el tiempo de espera en 46 días, posicionándose como una de las comunidades con menor número de personas en el llamado 'limbo de la dependencia', donde solo un 1,9% (1.886 individuos) aguardan para recibir sus prestaciones. Por contraste, Canarias muestra un alarmante 30,6% de personas en esta situación, lo que pone de manifiesto las desigualdades entre regiones.

En términos de beneficencia, Galicia ha experimentado un aumento notable en el número de personas que perciben prestaciones, con un incremento del 18,5%, superado únicamente por Canarias, que alcanza un 22,1%. Además, se ha registrado un aumento del 16,6% en el porcentaje de ciudadanos que tienen derecho a recibir estas ayudas, lo que sugiere una mejora en el reconocimiento de las necesidades de apoyo.

A pesar de estos avances en la convocatoria de prestaciones, también existen sombras en el panorama gallego. La comunidad es una de las que menos recursos asigna por persona potencialmente dependiente, invirtiendo solo 1.317 euros anuales, una cifra que plantea serias preocupaciones sobre la calidad y la extensión del apoyo proporcionado.

El informe revela, además, que durante los primeros diez meses de 2025, se registraron 74 fallecimientos de personas que aún estaban pendientes de la resolución de sus grados de dependencia y del Plan Individual de Atención (PIA). Esta estadística es un recordatorio desgarrador de la urgencia que enfrenta el sistema.

A nivel nacional, la tragedia de las listas de espera parece ser una realidad abrumadora. Un informe explica que en el mismo período, murieron en España 27.217 personas mientras aguardaban atención. Esto significa que, alarmantemente, cada 18 minutos, una persona fallece en espera de su reconocimiento en el sistema de dependencia, una cifra que invita a la reflexión sobre la eficacia y la humanidad de las políticas actuales.

El panorama se complica aún más cuando se observa que, a fecha de 31 de octubre, España cuenta con 1.750.070 personas en situación de dependencia reconocida, un alza de 113.313 respecto al año anterior. Además, 120.698 individuos permanecen en cola para ser valorados, reflejando la presión creciente sobre el sistema.

Es relevante notar que la mayoría de los beneficiarios de estos servicios son mujeres, correspondientes a un 62% del total, mientras que el 37% son hombres. Además, una desproporcionada mayoría de las personas dependientes (tres de cada cuatro) son mayores de 65 años, con las personas de más de 80 representando el 53% del total. Esto resalta un perfil demográfico específico que necesita urgentemente atención especializada.

El informe también indica que durante 2025, el número de personas con derecho a recibir atención ha aumentado, alcanzando 154.619 individuos en el limbo de la dependencia, un desalentador 8,8% de los que efectivamente tienen derecho a recibir prestaciones. La media de tiempo de tramitación se ha incrementado a 350 días, 16 más que en 2024, lo que pone de manifiesto las restricciones del sistema, especialmente en comunidades donde las esperas pueden llegar hasta 500 días, como es el caso de Murcia, Andalucía y Canarias.

En este contexto crítico, la necesidad de revisar y abordar las políticas de atención a la dependencia se vuelve más urgente que nunca, instando a los responsables a actuar en pro de un sistema que priorice el bienestar y la dignidad de aquellos que más lo necesitan.