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Funcionario de Extranjería de Lugo absuelto en la polémica Operación Carioca

Funcionario de Extranjería de Lugo absuelto en la polémica Operación Carioca

El Tribunal Supremo anula la condena por falta de pruebas en el caso de un funcionario imputado en la Operación Carioca

LUGO, 13 Dic. - El Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Lugo al único funcionario acusado en la pieza de Extranjería de la Operación Carioca. La sentencia del Supremo considera que las pruebas presentadas en su contra no son suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia.

Según informa Europa Press, el recurso de casación presentado por el acusado ha sido estimado por el Tribunal Supremo, absolviéndolo del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios por el cual había sido condenado por la Audiencia Provincial.

Esta causa forma parte de una de las piezas de la Operación Carioca, una investigación que se ha destapado como una de las mayores tramas de proxenetismo y corrupción en España. La instrucción de este caso se inició en la ciudad de Lugo en 2008.

La condena del acusado, identificado como G.P.D y trabajador de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Lugo, se basaba en la transcripción de una serie de conversaciones telefónicas. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que estas conversaciones carecen de autonomía probatoria y no son suficientes para probar la culpabilidad del acusado.

El abogado defensor del acusado presentó un recurso de casación argumentando la vulneración de su derecho a un procedimiento con todas las garantías y la insuficiencia de las pruebas presentadas. El Tribunal Supremo ha respaldado estos argumentos y ha declarado la absolución del funcionario.

En su sentencia, el Tribunal Supremo también destaca que el régimen de incompatibilidades y el conflicto de intereses derivados del solapamiento de funciones públicas y actividades privadas pueden llevar a situaciones de ilegalidad administrativa.

En conclusión, el Tribunal Supremo ha anulado la pena impuesta al funcionario, dejando sin efecto la condena y asumiendo las costas de la primera instancia. Esto se debe a la falta de pruebas suficientes que puedan demostrar su culpabilidad en el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.