El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha destacado las "contradicciones" presentes en dos informes elaborados por la firma consultora PWC en el año 2010 en relación al Hospital Álvaro Cunqueiro, mientras que el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha insistido en la existencia de "irregularidades" en todo el proceso de contratación. El debate sobre la transparencia y legalidad de las decisiones tomadas durante la construcción de esta infraestructura sanitaria ha vuelto a la palestra en un contexto de creciente desconfianza hacia la gestión pública.

En una sesión celebrada el 28 de noviembre, Miguel Corgos, conselleiro de Facenda e Administración Pública, defendió la "legalidad" y la "transparencia" de las acciones de la Xunta, especialmente en lo que respecta a los contratos menores y aquellos realizados bajo condiciones de emergencia durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Según Corgos, el modelo actual de concesión de obra pública, que implicó a un consorcio de cinco entidades, era la única opción viable y eficiente en un periodo marcado por una profunda crisis económica.

Su intervención tuvo lugar en una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta que se lleva a cabo en el Parlamento gallego, donde el conselleiro expuso sus argumentos ante la inquietud que han generado diversas prácticas administrativas. Corgos, que había sido director xeral de Orzamentos desde 2009, apuntó que tanto el Gobierno del Partido Popular (PP) como el anterior bipartito carecían de recursos suficientes para financiar el ambicioso proyecto del hospital.

Además, Corgos refutó las afirmaciones de la exconselleira de Obras Públicas, señalando que el gobierno del PSdeG y del BNG nunca tuvo la intención de llevar a cabo la encomienda realizada en 2009 a la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), dado que no existía la prevista reserva de crédito de 400 millones. "Si fuera cierto, y no lo es, que el SPI iba a hacerse cargo del hospital de Vigo, esto habría computado como deuda y no habría sido posible su financiación", sintetizó el conselleiro.

Asimismo, Corgos defendió que el sistema de concesión planteado durante la administración de Emilio Pérez Touriño se basaba en recomendaciones de consultoras, a pesar de que finalmente se optara por el SPI, argumentando que esa modalidad permitía una "adecuada transferencia de riesgo" a la concesionaria. En el contexto actual, el conselleiro también expuso que, en el año 2023, el 32% de los contratos menores correspondieron a medicamentos con patentes, lo que evidencia la necesidad de un enfoque crítico sobre la contratación pública en Galicia.

En respuesta a los cuestionamientos planteados por el BNG, el diputado Iago Tabarés expresó su preocupación respecto a la legalidad de haber sustituido la encomienda al SPI por un modelo concesional sin contar con un informe de viabilidad previo que lo respaldara, un aspecto que el Consello de Contas había mencionado. Tabarés reveló "contradicciones" entre los dos informes de PWC de enero de 2010, donde uno delimitaba el perímetro de la concesión al hospital Álvaro Cunqueiro y el segundo, que fue declarado confidencial, lo ampliaba a servicios no sanitarios, lo que, según él, carecía de soporte legal.

La diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, por su parte, centró su intervención en las "irregularidades" observadas en los contratos de emergencia durante la pandemia, denunciando "claros conflictos de interés". En este sentido, Iglesias mencionó casos concretos relacionados con las empresas Eulen y Universal Support, cuyos directivos tienen lazos familiares con el expresidente Alberto Núñez Feijóo. Esta situación ha llevado a Iglesias a solicitar que se remitan a la Cámara los expedientes de contratación vinculados a estas firmas.

En relación al coste sobrevenido del Hospital Álvaro Cunqueiro, Iglesias propuso reemplazar la noción de "sobrecoste" por "exceso", queriendo enfatizar que la concesión conjunta de obras y servicios del hospital conllevó un gasto adicional de 470 millones de euros, un planteamiento que, según ella, fue decidido sin un análisis adecuado por parte del PP.

El diputado del PP, Roberto Rodríguez, en defensa de la gestión de la Xunta, insistió en que "era totalmente imposible" realizar el hospital por un método diferente al de la colaboración público-privada, reconociendo las limitaciones del contexto en el que se llevaron a cabo las decisiones. Al tratarse de contratos que vinculan a empresas relacionadas con figuras cercanas a Feijóo, Rodríguez argumentó que la legislación establece requisitos claros y que el Consello de Contas no había planteado reparos legales al respecto.

Durante la sesión también se contó con la participación de Elena Muñoz, ex interventora xeral de la Xunta y conselleira de Facenda durante el Gobierno de Feijóo. Muñoz recordó que en su mandato la Xunta atravesó "cinco años de continuos decrecimientos de ingresos" y que, por primera vez en la historia, los presupuestos se elaboraron bajo una contracción del gasto. En este sentido, defendió que las decisiones tomadas sobre el hospital eran "100% técnicas" y que la colaboración público-privada fue una recomendación de la Comisión Europea para situaciones en las que las administraciones no podían afrontar las obras por sí solas.

En un ambiente tenso, la oposición planteó interrogantes sobre la tramitación de los documentos necesarios para el expediente, según el cronograma del informe de Contas, ya que la fecha de entrada coincidía con la aprobación del Consello de la Xunta. Patricia Iglesias consideró "inaudito" esta sincronía, mientras que Montse Prado, del BNG, se mostró escéptica sobre la capacidad de la Intervención Xeral para procesar documentos de tan extenso contenido en un tiempo tan breve, ironizando sobre la rigidez de este proceso.

Muñoz respondió que la fecha documentaba la entrada de "la última documentación" y que la Administración, en el periodo de tramitación, suele requerir informes adicionales. Adicionalmente, criticó la gestión anterior del bipartito por no haber construido el hospital en una época de mayores ingresos económicos para la Xunta.

Por último, en la comisión también compareció José Antonio Redondo, quien estuvo al frente del Consello de Contas entre 2015 y 2023. A pesar de haber sido llamado a ofrecer su perspectiva sobre los informes relacionados con el Cunqueiro, Redondo se mantuvo prudente, sugiriendo que la concesión era la "única alternativa" viable en el contexto de crisis. Aun así, mostró su preocupación ante la posibilidad de debatir sobre alternativas, argumentando que la prioridad debía ser evaluar si el hospital estaba cumpliendo su función.

En lo que respecta a posibles infracciones penales en la contratación, Redondo aseveró que cualquier irregularidad debería ser comunicada a la Fiscalía, resaltando así la importancia de la vigilancia y transparencia en la gestión pública. La sesión dejó entrever la necesidad urgente de abordar cuestiones de gobernanza y responsabilidad en la utilización de los recursos públicos, en un clima donde la confianza ciudadana es más necesaria que nunca.