Un psiquiatra que examinó a un individuo acusado de un crimen violento ha declarado que el sujeto presenta un "trastorno adictivo múltiple" y que su entorno de pandilla en el barrio ha contribuido a su desestructuración personal. Este testimonio se ha dado en el marco del juicio por el caso de Samuel Luiz, un suceso trágico que tuvo lugar en julio de 2021.

En el proceso judicial, los expertos han subrayado las consecuencias psicológicas devastadoras que ha sufrido la familia de la víctima. Los padres han sido diagnosticados con un "trastorno depresivo" severo, después de experimentar un estado de "absoluta desesperanza" y un sentido de "abandono", en especial por parte de la madre, quien no ha logrado aceptar la situación tras la pérdida de su hijo.

Un psiquiatra que testificó recientemente en la Audiencia Provincial de A Coruña ha descrito la situación de la madre como un caso de "suicidio pasivo", enfatizando su profunda depresión y el estrés agudo que enfrenta. Además, se ha observado la resistencia de la madre a someterse al tratamiento que le fue ofrecido, algo que se ha explicado por la naturaleza de su enfermedad mental, que la llevó a no aceptar su condición.

Durante el juicio, un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) indicó que las personas en duelo a menudo sienten que deben atravesar y sufrir el proceso por sí mismas. Este profesional también esclareció que la negativa de la madre a recibir tratamiento no era una elección consciente, sino una limitación impuesta por la misma enfermedad.

Asimismo, el psiquiatra testificó sobre cómo la continua presencia del padre ha evitado un empeoramiento en el estado de salud mental de la madre, aunque su propia capacidad para funcionar en el trabajo se ha visto severamente afectada por la pérdida de su hijo. La presión social y el juicio de su entorno, incluido el hecho de que un familiar de uno de los acusados trabaja con él, han agravado su sufrimiento, llevando a un miedo incesante de perder el control.

Una especialista designada por la acusación ha corroborado que la madre presenta "trastorno depresivo con síntomas psicóticos", mientras que el padre se encuentra en un "estado depresivo moderado". La madre, en particular, ha luchado con una sensación de culpabilidad que ha causado su rechazo a recibir atención psiquiátrica, lo que ha derivado en una situación de abandono y una pasividad alarmante respecto a su salud mental.

El especialista señaló que el pronóstico de la madre es "muy malo" si continúa en este estado. El análisis incluyó el tratamiento proporcionado por la empresa en la que trabajaba el padre, que, tras la tragedia, terminó siendo declarado incapaz de continuar con sus labores debido al impacto emocional que sufrió.

Ambos padres, según relatan los especialistas, estuvieron tan abrumados por el dolor que se vieron obligados a someterse a una experiencia desgarradora en el hospital, sin poder despedirse de su hijo. La situación llevó a la pareja a un estado de insomnio extremo y aislamiento social, cambiando su vida por completo.

Un psiquiatra que ha tratado al padre ha indicado que él experimenta una “intensa rabia contenida”, lo que requiere medicación antidepresiva. En el caso de la madre, los especialistas han destacado que su comunicación es escasa, encerrándose en sí misma como una reacción a la complicada situación que enfrenta.

En otro momento del juicio, un psiquiatra que testificó a favor del acusado Alejandro F.G., señalado como uno de los agresores principales, reveló que el joven presenta un “trastorno adictivo múltiple” y otro de “déficit de atención” que ha cargado desde la infancia. Describió a este acusado como alguien que tiene una "estructura de personalidad patológica", marcada por la impulsividad y la incapacidad para manejar la ansiedad adecuadamente.

El informe también menciona que existe una posible conexión entre los problemas de este joven y su consumo de alcohol y otras sustancias. El psiquiatra observó que, a pesar de que el acusado trató de integrarse en grupos que consideraba “positivos”, la influencia de su pandilla del barrio acabó por desestabilizarlo.

Finalmente, al ser interrogado sobre si el acusado podría haber tenido dificultades para comprender lo que sucedía durante la agresión y controlar sus impulsos, el psiquiatra apuntó a una "distorsión" resultante del uso de alcohol y drogas. Sin embargo, también concluyó, basándose en evaluaciones psicométricas, que aquel día sus capacidades cognitivas y volitivas estaban comprometidas.