VI GO, 6 de noviembre.

En una impactante y preocupante decisión de justicia, una exauxiliar de enfermería de una residencia de mayores en Vigo ha aceptado una condena de un año y cuatro meses de prisión por el robo de una tarjeta bancaria perteneciente a una residente del centro. Esta acción le permitió realizar retiradas indebidas que sumaron un total de 3.450 euros de la cuenta de la anciana.

La audiencia, celebrada el miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, hizo evidente la fragilidad del sistema de protección que deberían recibir nuestros mayores, particularmente aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. La acusada, al reconocer su culpabilidad, fue condenada por un delito leve de hurto y otro de estafa, además de enfrentarse a una multa de 720 euros.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la implicada había estado trabajando en la residencia de ancianos ubicada en la calle Emilia Pardo Bazán desde 2021. Durante ese tiempo, cultivó una relación de confianza con una anciana de 93 años, lo que le permitió sustraer su tarjeta bancaria, que se encontraba escondida entre sus pertenencias junto a un documento que contenía el 'pin' correspondiente.

Entre los meses de agosto y septiembre de 2022, la acusada no mostró remordimientos y decidió realizar hasta nueve retiros en cajeros automáticos de Abanca, todos ellos en la propia ciudad de Vigo. El total de dinero que consiguió obtener de manera fraudulenta ascendió a la alarmante cifra de 3.450 euros, una suma que representa un abuso flagrante hacia una persona en situación de dependencia.

La situación fue finalmente descubierta por una sobrina de la anciana, quien al revisar la cuenta bancaria se dio cuenta de las irregularidades. Esta acción fue seguida de la anulación de la tarjeta y la posterior denuncia a las autoridades policiales. Lamentablemente, la anciana falleció unos meses después, lo que añade un componente de tristeza y vulnerabilidad a toda la situación.

A pesar de que la Fiscalía había solicitado una condena de tres años de prisión, así como una multa de 2.400 euros y una indemnización de 3.450 euros para los herederos de la víctima, las partes llegaron a un acuerdo que resultó en una reducción notable de la pena. Así, la sanción fue rebajada a un año y cuatro meses de cárcel, una decisión que ha generado discusiones sobre la justicia en casos de abuso contra personas mayores.