El diputado provincial y exalcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, se encuentra en graves aprietos legales. Se enfrenta a una posible pena de 3 años de prisión y 17 de inhabilitación por presunta prevaricación y falsedad documental. Alegadamente, se quitó cinco multas de estacionamiento y utilizó una tarjeta fraudulentamente para justificar que podía aparcar en una zona de carga y descarga.

El juicio de Gómez Prado, junto con un oficial jefe de la Policía Local acusado de complicidad, tendrá lugar del 17 al 19 de enero en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Según la Fiscalía, el exalcalde del PSOE fue multado en cinco ocasiones entre abril y junio de 2021 cuando aún era alcalde de Baiona. Para evadir las sanciones, presentó una tarjeta que supuestamente lo autorizaba a aparcar en la mencionada zona y afirmó que no la colocó en el vehículo aquellos días porque la había olvidado en otro coche.

El Ministerio Público sostiene que la tarjeta fue creada específicamente para este propósito y fue firmada por el propio alcalde y el oficial jefe de la Policía Local. Además, el exalcalde presentó un informe firmado por el policía, quien afirmaba tener conocimiento de la existencia de la tarjeta acreditativa para el vehículo y que el coche del alcalde estaba estacionado en esa zona con su conocimiento y autorización.

No obstante, el escrito de acusación señala que, de acuerdo con el contenido de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco tenía permitido estacionar en la zona de carga y descarga, sino solo en las áreas habilitadas para tal fin.

El expediente sancionador fue archivado en base a estas alegaciones por el instructor de la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra.

En agosto de 2021, Carlos Gómez Prado firmó cinco resoluciones como alcalde, en las que, según la Fiscalía, demostró un total desprecio por su deber de abstención y decidió archivar los expedientes sancionadores.

La Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. Además, considera al oficial jefe cómplice de prevaricación y autor del delito de falsedad. La acusación solicita una pena de 15 años de inhabilitación para cargo público, tres años de cárcel y dos años de inhabilitación por falsedad, así como una multa de 1.080 euros para Carlos Gómez Prado. Para el oficial jefe, se pide una pena de tres años de cárcel, multa de 1.080 euros y una inhabilitación de 4 años y medio para cargo público.