El próximo lunes, el Parlamento de Galicia será el escenario de un acontecimiento crucial para la recién creada Fundación del Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, donde se llevarán a cabo la designación de cargos pendientes y se comenzarán a trazar las primeras acciones para su funcionamiento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de junio.

Este primer encuentro del Patronato marca un hito en la historia de la fundación, con Miguel Santalices, actual presidente del Legislativo gallego, asumiendo la Presidencia del Patronato conforme a la normativa correspondiente.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el Pazo do Hórreo será el lugar que albergue este importante encuentro, donde se formalizará la creación del patronato y se elegirán a quienes ocuparán las posiciones de Vicepresidencia y Secretaría.

Con la fundación ya reconocida como de interés gallego y tras los trámites necesarios cumplidos, esta reunión permitirá abordar las primeras iniciativas para su activación y discutir la delegación de funciones presidenciales en lo que respecta a contrataciones y otros temas relevantes.

El Patronato estará compuesto por Santalices y representantes de los grupos parlamentarios PP, BNG y PSdeG, así como por el conselleiro de Cultura, José López Campos; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

La Fundación del Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, que se sitúa en la Igrexa de San Domingos de Bonaval y alberga los restos de figuras destacadas como Rosalía de Castro o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, se constituyó oficialmente en abril de este año.

Este paso culminó un proceso que inició con la aprobación unánime de una ley durante el verano de 2023, diseñada para regular su gestión a través de una fundación y erradicar cualquier incertidumbre jurídica sobre el Panteón, que simboliza la identidad gallega.

Las bases legales para su funcionamiento fueron sentadas en un encuentro celebrado en octubre del año anterior, donde participaron distintas instituciones como el Parlamento, la Xunta, el Ayuntamiento de Santiago y el Arzobispado, siendo estas las fundadoras de la propuesta. La fundación cuenta con un capital inicial de 30.000 euros.

El domicilio de la fundación se establece en la sede del Parlamento de Galicia, cuyo propósito es honrar a las personas que han contribuido significativamente a los servicios prestados en beneficio de Galicia.

En el marco de los principios de transparencia, los estatutos de la fundación establecen que el Patronato proporcionará la información necesaria sobre sus objetivos y actividades, asegurando que sean accesibles tanto para posibles beneficiarios como para el público en general.

Además, la fundación se compromete a garantizar la apertura del Panteón al público, fomentando visitas a este lugar emblemático y organizando homenajes por parte de organizaciones sociales, culturales y políticas, siempre manteniendo el respeto que merece este espacio histórico.

Con la formalización de la cesión de la Igrexa de San Domingos de Bonaval, la Archidiócesis podrá llevar a cabo ceremonias litúrgicas vinculadas a los objetivos de la fundación, conforme a la normativa legal vigente.

Para alcanzar sus metas, la fundación podrá establecer convenios, contratos y coordinar sus acciones con las administraciones públicas y otras entidades del ámbito público, promoviendo así un trabajo conjunto en pro de la cultura gallega.

El Patronato, que será presidido por el jefe o jefa del Parlamento gallego, dispondrá de la "plena libertad" para determinar las actividades que considere adecuadas de acuerdo a los fines de la fundación y la legislación vigente.

Asimismo, se estipula que el respaldo financiero de la fundación, además de la dotación inicial, provendrá de los recursos establecidos en el presupuesto autonómico dedicados a sus actividades, así como de contratos, convenios y otras fuentes de ingresos legales.

Por último, se menciona en la disposición adicional que la responsabilidad por las obras de mejora y mantenimiento de la Igrexa de San Domingos de Bonaval recae en la Administración autonómica durante la vigencia de la cesión, asegurando así la preservación de este invaluable patrimonio cultural.