El Sergas recurre a clínicas privadas en un tercio de los casos de interrupción voluntaria del embarazo entre 2019 y 2022.

El Sergas recurre a clínicas privadas en un tercio de los casos de interrupción voluntaria del embarazo entre 2019 y 2022.

Santiago de Compostela, 28 de septiembre.

El Servizo Galego de Saúde derivó entre 2019 y 2022 al 35% de las mujeres que acudieron a la sanidad pública para someterse a intervenciones quirúrgicas para interrumpir de forma voluntaria sus embarazos, según ha señalado el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado en la Comisión 5ª del Parlamento gallego, celebrada este jueves.

Aboal ha trasladado que entre 2019 y 2022 el Sergas gestionó 11.756 interrupciones voluntarias de embarazo. De estas, 7.644 se practicaron en centros públicos y 4.108 en clínicas con las que la Administración pública tiene conciertos para la práctica de estas intervenciones. Además, otras 7.416 mujeres acudieron directamente a clínicas privadas para abortar.

La diputada nacionalista, Montse Prado, formuló la pregunta en la Comisión de Sanidad para demandar explicaciones por la licitación este verano de un contrato por casi 1,4 millones de euros para los próximos tres años (prorrogable a cinco) para practicar en clínicas privadas abortos en embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.

Según la portavoz de sanidad del Bloque en el Pazo do Hórreo, este contrato responde a razones "ideológicas" de un PP "cada vez más radicalizado" que permite que se practique la objeción de conciencia de forma "coordinada" y "muchas veces alentada" desde las jefaturas de servicio de los hospitales gallegos.

Montse Prado se ha preguntado si "es tan difícil" programar "un aborto a la semana" en los hospitales gallegos, dado que se practica una media de 57 al año por cada centro. Esto la lleva a sentenciar que la Xunta no quiere crear un registro de objetores de conciencia para favorecer que estas intervenciones se lleven a cabo en clínicas privadas.

Durante la discusión, Aboal y la diputada frentista han discrepado sobre la interpretación del artículo de la ley orgánica de 2010 que recoge el derecho al aborto. El artículo establece la creación de registros de objetores de conciencia.

En concreto, el artículo 19 ter de esta normativa vigente desde hace 13 años establece que cada comunidad autónoma contará con un registro de profesionales sanitarios que se acojan al derecho a no participar de forma directa en prácticas de aborto. Además, señala que el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud debe crear un protocolo específico que recoja las "condiciones mínimas" de este registro.

En este sentido, Aboal ha destacado esta segunda cuestión para responsabilizar al Gobierno central de la falta de "avances" en la configuración de criterios para crear estos registros, mientras que Prado ha enfatizado en que la Xunta obvia el primer punto de ese artículo que implica a las propias comunidades en la configuración de los mismos.

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Galicia