La Xunta de Galicia ha decidido pedir la convocatoria de la conferencia de presidentes con el objetivo de evitar o reducir los efectos perjudiciales que está sufriendo, según ha afirmado Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. Rueda ha manifestado su preocupación por la supuesta dependencia absoluta de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hacia el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Rueda ha expresado su descontento ante lo que considera una sumisión por parte de Armengol a las instrucciones del ejecutivo, que le ha brindado autorización para la convocatoria de la investidura. El presidente de la Xunta ha declarado que esta dependencia absoluta entre los poderes legislativo y ejecutivo será una constante durante toda la legislatura.

Asimismo, Rueda ha hecho hincapié en la necesidad de que Sánchez tome en cuenta la reacción de indignación que ha surgido entre los ciudadanos ante los compromisos alcanzados en los pactos políticos. El mandatario gallego ha advertido al PSOE que no se equivoque, ya que la movilización en Pontevedra, convocada por el PP pero a la que asistieron personas de distintas filiaciones políticas, refleja el rechazo y la indignación ante los acuerdos y concesiones.

En relación a los pactos firmados con los partidos independentistas catalanes y con el PNV, Rueda considera que existe una "desigualdad" muy evidente. Además, critica la falta de seriedad por parte del PSOE al afirmar que no cumplirá con lo acordado, generando incertidumbre y desconfianza.

Rueda ha enfatizado la importancia de mantener la igualdad de los diferentes territorios, como se había conseguido desde la Transición, ya que una ruptura de esta igualdad sería devastadora para Galicia.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia tiene la intención de defenderse y solicitar oficialmente al presidente del Gobierno que convoque la conferencia de presidentes para proporcionar explicaciones y abordar las cuestiones que están perjudicando a Galicia. Rueda ha subrayado la necesidad de recibir explicaciones y tomar medidas para evitar o al menos mitigar los efectos perjudiciales que afectan a su comunidad autónoma.