El PPdeG permite establecer una tasa turística de hasta 2,5 euros por día, con un límite de cinco días y algunas exenciones.
En un giro significativo hacia una regulación más efectiva del turismo, la comunidad autónoma de Galicia implementará un impuesto sobre las estancias turísticas, que también incluirá un recargo por el fondeo de embarcaciones de crucero turístico en sus puertos. Esta medida, promovida por el Partido Popular de Galicia (PPdeG), sitúa a los municipios en el centro de la aplicación de esta tasa, que será opcional y se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2025.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. - Con el objetivo de establecer un sistema más justo que beneficie el desarrollo del turismo sostenible, el gobierno gallego ha aprobado enmiendas para permitir la creación de este impuesto. La tasa oscilará entre 1 y 2,5 euros y se aplicará durante un máximo de cinco días a los visitantes, quienes podrán disfrutar de exenciones bajo ciertas condiciones.
El único ayuntamiento que ha expresado su intención de implementar esta nueva norma hasta el momento es el de Santiago de Compostela, liderado por la política nacionalista Goretti Sanmartín. En una reciente reunión, se aclararon los detalles legales y logísticos de la iniciativa, que se ha desarrollado justo antes de expirar el plazo para presentar enmiendas a la ley de presupuestos de 2025.
Durante una conferencia de prensa celebrada este sábado, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, acompañado de los conselleiros de Facenda y Vivenda, ratificó que la tasa fue diseñada siguiendo el compromiso del gobierno de Alfonso Rueda. Aunque la propuesta inicial estaba centrada en un periodo de seis días, se ha ajustado a cinco para hacerla más atractiva para los turistas.
La medida establece una estructura tarifaria clara para aquellos que se alojen en diferentes tipos de alojamientos. Por ejemplo, los visitantes que tengan una estancia en albergues, campings o viviendas turísticas pagarán un euro por persona y noche. Quienes opten por pensiones y hoteles de dos estrellas deberán abonar 1,5 euros, mientras que las tarifas en alojamientos de tres y cuatro estrellas pueden llegar hasta 2 euros. Para los hoteles de cinco estrellas, la tasa se elevará a un máximo de 2,5 euros.
Una de las innovaciones destacadas de la nueva normativa es que también gravará el fondeo o el amarre de cruceros turísticos, aunque se establecerán exenciones para aquellos barcos cuya ruta tenga un puerto de Galicia como salida o destino final. Esta decisión refleja un enfoque integral hacia la regulación del sector, considerando tanto las necesidades de los visitantes como las del sector turístico local.
El texto también establece una serie de exenciones que beneficiarán a diversos grupos, como personas que viajan por motivos de salud, deportistas federados, y aquellos que se encuentren en situaciones de emergencia. Asimismo, se asegurará que menores de edad no emancipados y personas con discapacidades significativas queden exentas de esta carga económica.
La gestión del impuesto será completamente municipal, lo que otorga a los ayuntamientos una mayor autonomía en su implementación y recaudación. Cada localidad tendrá la posibilidad de establecer un recargo adicional, siempre y cuando se respete un proceso transparente que involucre consultas con organizaciones del sector turístico y asociaciones vecinales.
Un aspecto crucial de esta normativa es que asegurará que el 80% de los correspondientes ingresos se destinen al fomento del turismo sostenible, enfocándose en la mejora de infraestructuras turísticas y el reforzamiento de servicios esenciales para los turistas. Todo esto responde a un compromiso continuo con el desarrollo sostenible y la adaptación a las necesidades cambiantes del sector.
La creación de un marco para el seguimiento y asesoramiento relativo a esta tasa se formalizará a través de una comisión municiapal que incluirá a representantes del ayuntamiento, empresas del sector y organizaciones comunitarias. Este enfoque busca garantizar que el desarrollo de la normativa sea participativo y represente verdaderamente los intereses de todos los implicados en el sector turístico gallego.
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