En Santiago de Compostela, el 15 de diciembre se ha iniciado el proceso formal para elegir al nuevo Valedor do Pobo, un cargo clave en la defensa de los derechos ciudadanos en Galicia. María Dolores Fernández Galiño, quien ha ocupado el puesto interinamente desde 2019, sigue siendo la titular del cargo mientras se llevan a cabo las negociaciones entre los diferentes grupos políticos en la Cámara autonómica, que han comenzado la semana pasada.

Según información obtenida por Europa Press, el Grupo Parlamentario Popular, que cuenta con una amplia mayoría en el Pazo do Hórreo y apoya al presidente Alfonso Rueda, parece inclinarse hacia la continuidad de Fernández Galiño en su función. En cuanto a la elección del adjunto o adjunta, se sugiere que el BNG, como segunda fuerza en el Parlamento, tenga protagonismo en la propuesta.

No obstante, el Partido Popular de Galicia se enfrenta a un desafío: su mayoría de 40 escaños no es suficiente para aprobar el nombramiento del nuevo Valedor sin la colaboración de otros grupos. La ley exige una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo, lo que se traduce en 45 de los 75 diputados, obligando a un acuerdo político que se ha estado elaborando en los últimos días.

Actualmente, la valedora adjunta es María Xosé Porteiro, quien asumió el cargo tras ser propuesta por el Partido Socialista en 2019, cuando lideraba la oposición. La hoja de ruta planteada por los grupos políticos establecía que la elección del nuevo Valedor se llevaría a cabo a finales de enero, y este lunes marcaba el cierre del plazo para presentar candidaturas que cumplan con los requisitos establecidos.

Sin embargo, en un giro inesperado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos Couñago, ha solicitado una prórroga de una semana para el plazo de presentación de candidaturas, lo que ha llevado a una extensión en las negociaciones dentro de la cámara. Mientras tanto, el 9 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento que el cargo de Valedor se encuentra vacante, lo que permite la continuidad en funciones de Fernández Galiño, cuyo mandato expiró en agosto de este año tras cumplir cinco años en el cargo.

Si se llega a un acuerdo favorable y el PPdeG mantiene su apoyo, Fernández Galiño podría continuar liderando la Valedoría, convirtiéndose en la primera titular del cargo desde 2007 en no dimitir. La historia reciente de este puesto incluye controversias como la dimisión del magistrado Benigno López, quien abandonó su cargo en medio de críticas tras proponer recortes a la ley de dependencia.

Después de su dimisión, el vicevaledor José Julio Fernández ocupó interinamente el cargo durante tres años, hasta que Milagros Otero asumió el mando. Sin embargo, Otero también dimitió en 2019 luego de que el Tribunal Supremo invalidara el nombramiento de María Puy Fraga en un puesto administrativo, causando un verdadero revuelo en la política gallega.