El juez respalda la anulación de la licencia del Centro de Asociacionismo de Vigo, evitando pronunciarse sobre la propiedad del inmueble.

VIGO, 26 de marzo.

Recientemente, el Tribunal de Instancia de Vigo, en su sección de lo Contencioso Administrativo, ha rechazado el recurso presentado por la Xunta de Galicia en contra de la suspensión de la licencia de construcción del Centro de Asociacionismo, que se proyectaba edificar en uno de los inmuebles de los antiguos juzgados ubicados en la calle Lalín. Así, se ratifica la decisión del Ayuntamiento de la ciudad.

En su fallo, el juez menciona que, aunque por regla general no procede la suspensión de una licencia urbanística por motivos no estrictamente relacionados con el urbanismo, este caso particular representa una excepcionalidad. La controversia que se está evaluando se encuentra en el centro de esta decisión.

El magistrado resalta que la protección del interés público justifica la suspensión de la licencia hasta que se aclare un tema esencial: la propiedad del edificio implicado. Aunque el juez aclara que la parcela es de propiedad municipal, la verdadera titularidad del inmueble continúa siendo objeto de debate.

El Ayuntamiento sostiene que, a pesar de que el Registro de la Propiedad lo reconoce como suyo, la Xunta posee la titularidad catastral del edificio. En un acuerdo anterior, el Consistorio había cedido la parcela al Estado para la construcción de los juzgados, y posteriormente, se transfirieron las responsabilidades sobre el inmueble a la Xunta según un Real Decreto de 1994. Sin embargo, el Ayuntamiento argumenta que la titularidad catastral no implica la propiedad real y aboga por la reversión del edificio a su administración tras finalizar su función como juzgado.

El magistrado hace hincapié en la existencia de un desacuerdo significativo sobre la propiedad del inmueble y menciona que la propia Xunta ha admitido que su reclamo no está registrado formalmente. Intentos por parte de la Xunta para formalizar su inscripción han fracasado debido a la oposición municipal, lo mismo sucedió cuando el Ayuntamiento buscó cambiar la titularidad catastral sin éxito.

La sentencia no se adentra de lleno en la cuestión de la propiedad, ya que la Xunta ha decidido no incluir este tema en las alegaciones judiciales. Sin embargo, el juez observa que resulta difícil entender por qué la administración gallega no ha defendido sus derechos en el procedimiento abierto por el Ayuntamiento para reclamar el edificio, ni ha impugnado la decisión del Consistorio. Además, señala que no se ha presentado ninguna acción civil para reclamar su dominio sobre la propiedad.

El fallo concluye que la pretensión de la Xunta de invocar la propiedad mediante la posesión no es válida para un bien público, ya que la Xunta no ha ejercido la posesión como un propietario legítimo. Desde el inicio de la construcción, el Ayuntamiento ha facilitado el uso del edificio, pero sin reconocer la propiedad de la Xunta ni del Estado.

Para solucionar esta situación, el juez considera "imprescindible" contar con información precisa sobre los términos de la cesión de los terrenos. "Sin esos elementos probatorios, no podemos emitir un juicio sobre la propiedad, ni siquiera preliminarmente", concluye.

ALZANDO LA VOZ CONTRA LA MALICIA

Tras conocerse la decisión judicial, Ana Ortiz, delegada de la Xunta, ha expresado que, a pesar del respeto por las resoluciones judiciales, resulta preocupante que cualquier administración pueda paralizar un proyecto público al mencionar dudas sobre la propiedad sin que exista una resolución firme al respecto.

Ortiz defiende que "la Xunta ha actuado legítimamente sobre un inmueble con el que ha trabajado durante décadas" y que ha sido transferido a través de un proceso oficial y publicitado en el BOE.

Refuerza que la anulación de la licencia municipal para la construcción del Centro de Asociacionismo, en el cual se había previsto una inversión de 19 millones de euros, fue un acto de "mala fe" del Ayuntamiento de Vigo para frenar la iniciativa. Agrega que esta situación se traduce en ejemplos que ponen de manifiesto cómo el gobierno local parece operar en contra de los intereses de la ciudadanía viguesa, bloqueando proyectos importantes.

Finalmente, la delegada subraya que la suspensión de la licencia municipal también ha causado un desembolso de casi un millón de euros de las arcas públicas, ya que fue necesario indemnizar a la empresa adjudicataria debido a la anulación del contrato.