El exalcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, se encuentra nuevamente en el centro de la atención en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde enfrenta serias acusaciones de corrupción. Ballesteros, quien es miembro del Partido Socialista, ya cumple una condena que incluye dos años y dos meses de prisión por varios delitos relacionados con la administración pública. Este lunes, su defensa ha planteado la posible anulación del juicio actual, argumentando que los delitos imputados ya han prescrito.

La situación del exalcalde es compleja, ya que fue condenado anteriormente por prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental. En este nuevo caso, la Fiscalía ha indicado que Ballesteros, en connivencia con dos ejecutivos de una empresa constructora, elaboró facturas falsas para obras que nunca se llevaron a cabo o que se cobraron a un precio inflado. Entre los acusados se encuentra también Carlos Comesaña, un exmiembro del PP local, quien ha llevado su propia denuncia por estas irregularidades.

Las acusaciones señalan que entre 2013 y 2015, Ballesteros y los directivos de la empresa involucrada acordaron pagar por trabajos que en realidad habían sido realizados por otra empresa, lo que implicó un desfalco que asciende a más de 38.400 euros de las arcas municipales. La Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión para Ballesteros y tres años para los otros implicados, junto a inhabilitaciones que oscilan entre seis y ocho años.

Durante la primera audiencia, los abogados de los acusados han insistido en que los delitos han prescrito debido al tiempo transcurrido y han alegado que las acciones ya fueron objeto de juicio anterior. También han cuestionado la legitimidad de la acusación particular ejercida por Comesaña, argumentando que no debería estar actuando en este caso debido a que no es un perjudicado directo.

La Fiscalía ha desestimado estas peticiones, explicando que el juicio actual se refiere a actos diferentes de los previamente juzgados, aunque relacionados. Resaltaron que la legalidad ha sido respetada y aclararon que, dado que la inhabilitación preceptuada es de 5 a 10 años, el plazo de prescripción se extiende a diez años.

En cuanto a la justificación del papel de Comesaña en este procedimiento, las acusaciones explicaron que, como vocal de la entidad local, fue quien reportó las irregularidades, primero a la oficina gubernamental local y, ante la falta de respuesta, a la justicia.

Ballesteros no es un extraño a las condenas. En años anteriores, ya había sido condenado por la destitución ilegal de vocales del PP y más tarde por irregularidades en el pago a contratistas. Recientemente, un nuevo escándalo ha salido a la luz tras la condena de su sucesor, Marcos Castro, también socialista, quien se enfrentó a 12 años de inhabilitación por irregularidades en la gestión del suministro para fiestas locales.