En la mañana del 8 de noviembre, se ha dado a conocer una noticia significativa desde A Coruña que puede transformar la narrativa sobre el Pazo de Meirás, un emblemático edificio con una historia controversial. El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha decidido a favor de la Administración General del Estado, que recibió el apoyo de la Xunta y del Ayuntamiento de Sada, en una demanda que busca afirmar la propiedad estatal de los bienes que los Franco reclamaban del Pazo.

Este fallo judicial, que abarca 90 páginas, establece que “en ningún momento se acredita que el Estado realizara una declaración de reconocimiento de la propiedad de estos bienes concretos en favor de los demandados”. Es un claro recordatorio de la responsabilidad histórica que la justicia tiene al abordar los daños Y violaciones de derechos que han quedado a la sombra durante demasiados años.

Asimismo, la sentencia subraya que “la posición que se mantuvo por el Estado en la ejecución provisional” en un litigio anterior en A Coruña “no conllevó la realización de actos de los que pudiera deducirse el referido reconocimiento dominical en relación con los bienes objeto de este proceso”. Esta distinción legal es clave para entender las implicaciones de la propiedad pública versus la herencia de un régimen autoritario.

El tribunal ha decidido estimar íntegramente la demanda, abriendo la puerta a la declaración formal de dominio que se persigue en este litigio, un acto que podría ser crucial para la restitución del patrimonio cultural y la justicia histórica. Este fallo ha sido resaltado por Europa Press, que ha tenido acceso al texto completo de la sentencia.

Previamente, el mismo tribunal había determinado que los bienes aún ubicados en el Pazo de Meirás permanecieran en depósito estatal hasta que se resolviera el litigio. Esto refleja un avance en la preservación del patrimonio cultural y la rectificación de injusticias relacionadas con la memoria histórica.

La Administración General del Estado, junto con el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, había solicitado tal medida cautelar, protegiendo así todos los bienes en cuestión, incluyendo aquellos que pertenecieron a la escritora Emilia Pardo Bazán, asegurando su custodia bajo la ley estatal.

La controversia ganó impulso cuando el Estado presentó una demanda contra la familia Franco, reclamando la propiedad de un total de 564 bienes del Pazo. Esto sucedió tras una solicitud de los Franco para que se retiraran todos los bienes almacenados en el inmueble que no habían sido previamente reclamados por el Estado, un movimiento que provocó un fuerte rechazo social.

En detalle, la Abogacía del Estado reclamó ante los juzgados de Madrid la propiedad sobre una vasta colección de bienes muebles que se encuentran dentro del Pazo. Estos elementos se categorizan en tres grupos: bienes de Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y aquellos de dominio público, relacionados con el uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.

El Estado defendió su demanda argumentando que “además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y artístico”, resaltando su vínculo tanto con la figura de Emilia Pardo Bazán como con las actividades oficiales durante la dictadura franquista. Esta defensa refuerza la necesidad de recuperar un patrimonio que es esencialmente colectivo y no privado.

La reacción del Ayuntamiento de Sada no se ha hecho esperar. Su alcalde ha expresado satisfacción al recibir la noticia del fallo, señalando que “la Justicia sigue dándonos la razón en el trabajo que llevamos haciendo para garantizar la titularidad pública del Pazo de Meirás”. Estos comentarios subrayan un compromiso continuo con la defensa de lo que consideran un bien público, que pertenece a la ciudadanía y no a los descendientes de un dictador.