El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha calificado de “necesaria” y “útil” la reciente comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta, que llegó a su fin la semana pasada, y no descarta llevar el asunto a instancias judiciales. Esta postura refleja la preocupación del BNG por la situación de la contratación pública en Galicia y su compromiso con la transparencia y la legalidad.

En una declaración realizada este jueves, Luís Bará, viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, subrayó que el trabajo realizado por su grupo en la comisión fue fundamental, a pesar de enfrentar “dificultades y obstáculos” que atribuyen a la resistencia del Partido Popular (PP). Bará destacó la importancia del material y la información recopilados durante estas sesiones, que servirán como base para futuras iniciativas legislativas.

La semana anterior, el grupo mayoritario del PP aprobó el dictamen de la comisión sin el apoyo de las fuerzas opositoras, incluyendo al PSdeG y al único representante de Democracia Ourensana, que se mostraron en desacuerdo. Este dictamen afirmó que no hubo ilegalidades en la forma de contratación utilizada para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, una conclusión que el BNG cuestiona abiertamente.

De acuerdo con el BNG, la información obtenida ha puesto de manifiesto múltiples irregularidades y potenciales ilegalidades en la contratación de la Xunta, lo que podría llevar al partido a considerar acciones legales en un futuro cercano. Bará enfatizó que, aunque reconoce que los contratos menores son legales, su uso y abuso han sido objeto de manipulación y fraccionamientos que merecen más escrutinio.

El BNG ha denunciado un uso excesivo de los contratos menores, señalando que entre 2018 y 2024 la Xunta tramitó más de un millón de esos contratos, acumulando más de 4.443 millones de euros. Esta cifra representa un alarmante uso de recursos públicos que, según el BNG, requiere una urgente regulación.

Bará no se detuvo ahí; también hizo hincapié en las conexiones entre ciertas empresas ganadoras de contratos y los altos mandos del Gobierno gallego. Específicamente, destacó el caso de la empresa Eulen, que tiene vinculación directa con Micaela Núñez Feijóo, hermana del ex presidente Alberto Núñez Feijóo.

El partido también criticó las “numerosas irregularidades” en la contratación emergente durante la crisis sanitaria del COVID-19, donde se percibió un favorecimiento a ciertas empresas. Bará mencionó a Universal Support, que desempeñó importantes funciones en el rastreo de la pandemia y que es parte del Grupo Konecta, dirigido por Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo.

En un esfuerzo por promover la transparencia, el BNG está preparando una serie de propuestas que exigirán una estricta adhesión a las normativas de contratación pública. Esto incluye la solicitud para que todos los contratos menores, junto con toda la documentación relacionada, estén plenamente accesibles en el Portal de Transparencia.

Asimismo, los nacionalistas plantearán que, de acuerdo al artículo 9 del Parlamento, todos los grupos parlamentarios tengan acceso directo y sin restricciones a documentos administrativos, enfatizando que debe haber consecuencias para quienes intenten obstaculizar este proceso.

Además, proponen una “reducción drástica” del uso de contratos menores, restringiendo su aplicación a casos realmente excepcionales y evitando su fragmentación en contratos sucesivos.

El BNG también sugiere una regulación clara de los conflictos de intereses, especialmente en situaciones como la de Eulen, y ha llamado a la creación de una “oficina antifraude” que active medidas firmes contra la corrupción en la contratación pública.

“Es crucial que, a partir de este momento, continuemos investigando las prácticas ilegales y los procedimientos irregulares que se han desarrollado”, planteó Bará, quien ahondó en la idea de que el PP ha establecido un “sistema” de desvío de fondos públicos hacia empresas afines durante sus años en el Gobierno.

Cuando se le preguntó si el BNG tiene intenciones de llevar estos hallazgos a la justicia, Bará mencionó que se evaluará cuál será el siguiente paso respecto a la información recopilada, aunque por el momento, su labor se centra en el ámbito político.

Finalmente, Bará aseguró que tanto el BNG como el Consello de Contas han detectado irregularidades en su revisión de la contratación vinculada al Hospital Álvaro Cunqueiro, a pesar de que este órgano fiscalizador cuenta con limitaciones en su ámbito de intervención, algo que el BNG atribuye a la confusión deliberada que intenta generar el PP.