En el corazón de Santiago de Compostela, el diputado del BNG, Daniel Castro, ha alzado la voz para cuestionar la posible llegada de la Universidade Emilia Pardo Bazán a Galicia. Su objetivo es claro: evitar que el Gobierno de la Xunta dé el visto bueno a este proyecto, promovido por la empresa Cesuga, que planea iniciar operaciones en el curso académico 2026-27 en A Coruña.

Castro ha calificado esta iniciativa como parte de una "ofensiva privatizadora" que amenaza con profundizar las brechas sociales dentro del sistema educativo. Según él, la privatización solo genera más desigualdad y perjudica a los estudiantes gallegos, en un momento en que el acceso a la educación debería ser equitativo y accesible para todos.

El BNG, a través de un comunicado, ha resaltado que el Ejecutivo gallego aún no ha emitido una postura oficial respecto al proyecto de Cesuga, a pesar de que más de un año ha transcurrido desde que la Conferencia General de Política Universitaria manifestara su oposición mediante un voto en contra.

En una muestra de unidad, las universidades de Santiago y A Coruña también se han pronunciado en contra de esta nueva propuesta. Mientras que el claustro de Santiago y el rector de A Coruña han dejado clara su oposición, Castro insiste en la necesidad de frenar este avance que prioriza los intereses corporativos por encima de la educación pública.

Para complicar más el panorama, Castro ha alertado sobre la expansión de la oferta educativa por parte de la UIE de Abanca, que planea incorporar programas de doctorado y nuevos grados en sectores como Enfermería y Ciencias de la Salud, sumándose a su ya existente programa de Psicología. Es un panorama que plantea mayores retos para la educación pública en Galicia, y una advertencia del verdadero camino que podría seguir el sistema educativo si se permiten estas iniciativas privadas.