En un contundente llamado a la acción, Ariadna Fernández, diputada del BNG y encargada de los asuntos relacionados con la infancia, ha instado a la Xunta a tomar medidas decisivas para asegurar el bienestar de los menores que residen en centros de acogida bajo su responsabilidad. La diputada ha calificado de "inaceptable" la actual situación del sistema gallego de protección de la infancia, que se encuentra, según la propia conselleira, funcionando al 108% de su capacidad.

Fernández ha solicitado una revisión urgente de los ratios de personal y los perfiles de los trabajadores que operan en los centros residenciales, especialmente durante la noche, para asegurar que los menores reciben la atención adecuada que necesitan en un entorno seguro.

Asimismo, la representante del BNG ha señalado la crítica necesidad de estabilizar a los equipos técnicos responsables de la gestión de estos menores, quienes sufren un constante cambio de personal. Esta rotación interfiere en la posibilidad de dar un seguimiento adecuado a los casos, afectando gravemente la calidad de la atención brindada.

La diputada expresó su preocupación por la insostenibilidad de los ratios actuales de personal, afirmando que la falta de consistencia en el equipo afecta la atención de los menores y dificulta la formación de vínculos significativos con los educadores, algo fundamental para su desarrollo emocional.

"Es indispensable asegurar un ambiente que priorice el bienestar de los menores, donde la atención sea personalizada y que les permita desarrollar habilidades y herramientas necesarias para un futuro exitoso", afirmó Fernández, señalando que esta es una responsabilidad ineludible de la Xunta.

En consecuencia, el BNG ha enfatizado en un comunicado la urgencia de realizar una revisión exhaustiva del sistema de protección. La evaluación debe tener en cuenta tanto las necesidades actuales de los menores como las proyecciones futuras, incluyendo un aumento significativo en los presupuestos destinados a esta área y una intención clara de reformar el obsoleto Decreto 329/2005, que regula los centros de menores y de atención a la infancia, asegurando así la protección y bienestar de los niños.