En Santiago de Compostela, el 27 de enero, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha hecho un llamado urgentemente a la colaboración entre los distintos grupos políticos de la Cámara gallega. Busca unir esfuerzos contra el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, al que considera perjudicial para Galicia, sugiriendo que esta comunidad podría enfrentarse a su peor escenario financiero hasta la fecha.

Durante su intervención en el Pazo do Hórreo, Corgos destacó que el sistema de financiamiento y la condonación de deuda planteados por el Ejecutivo central podrían resultar en un daño de cerca de 1.000 millones de euros para los gallegos. Esto incluiría un aumento de 600 millones en la deuda y una reducción de 305 millones en comparación con el promedio de las comunidades de régimen común, reflejando un desbalance financiero significativo.

El conselleiro argumentó que lo que el Gobierno presenta como condonación de deuda es, de hecho, una mutualización de dicha deuda. Aunque se reduce la deuda autonómica en 4.000 millones, a su vez se incrementa la responsabilidad de Galicia en la deuda estatal en 4.600 millones, comprometiendo aún más la situación económica de la comunidad.

En relación al nuevo modelo de financiación, Corgos indicó que Galicia recibiría 305 millones menos que las demás comunidades del régimen común. Aunque la ministra de Hacienda anunció un aumento total de 21.000 millones en la financiación autonómica, solo se destina un 2,8% a Galicia. Esta cifra es desproporcionada considerando que la comunidad representa el 6% de la población general y el 6,5% de la población ajustada, lo que hace que esta oferta sea especialmente perjudicial para la región.

A lo largo de su discurso, Corgos enfatizó que el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez invierte la lógica de la solidaridad en favor de una ordinalidad que prioriza a las comunidades según lo que aportan al fondo común, en vez de así hacerlo de acuerdo a sus necesidades para mantener servicios públicos de calidad.

Según Corgos, esto significaría que Galicia se encontraría en una situación más desfavorable que nunca, con una financiación que favorece a los territorios con mayor capacidad recaudatoria. Es la primera vez que un modelo de este tipo no garantiza apoyo adicional a las regiones con mayores carencias, lo que desencadena un trato desigual y abusivo.

El conselleiro también criticó que la propuesta parece diseñada para beneficiar específicamente a una comunidad —Cataluña— y apuntó que esto representa una injusticia hacia las otras regiones, subrayando que los recursos deben distribuirse equitativamente, asegurando que todos los españoles tengan acceso a servicios públicos dignos, sin importar su lugar de residencia.

Corgos refutó cualquier idea de que la postura de la Xunta se deba a inclinaciones políticas, recordando que diversas comunidades comparten el rechazo a la propuesta estatal, argumentando que socava los principios de igualdad y solidaridad defendidos en la Constitución. Varios organismos independientes, como el Foro Económico de Galicia, coinciden en su diagnóstico negativo sobre la propuesta.

El conselleiro hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para que exijan una retirada de la propuesta y trabajen en un modelo que incentive la buena gestión, defendiendo que la responsabilidad fiscal y el manejo eficiente del gasto son fundamentales en un sistema justo y sostenible. Además, instó a tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento poblacional como factores que incrementan el costo de los servicios en Galicia.

En el pleno, la diputada del PSOE, Patricia Iglesias, criticó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidiéndole que pida disculpas por no comprometerse en buscar mejores términos de financiación para Galicia, alegando que sigue ciegamente las órdenes del PP desde Madrid, lo que considera una traición a los intereses gallegos.

Iglesias denunció la actitud del PP gallego, que opta por el "silencio y la obediencia" ante una propuesta que, aunque mejorable, representa una mejora en comparación con las cifras inicialmente ofrecidas por el Gobierno autonomista.

Por su parte, la diputada del BNG, Noa Presas, hizo un llamado a toda la Cámara para que antepongan los intereses de la ciudadanía gallega a los de sus respectivos partidos, catalogando la propuesta del Gobierno central como "insultante" y haciéndose eco de su carácter centralista y perjudicial.

Insistió en que el PP en el Ejecutivo gallego se ha vuelto "parte del problema", al negarse a entablar negociaciones bilaterales con el Estado y, tras una larga alocución de Corgos, destacó que no había propuesto ninguna vía seria de trabajo. Ofreció a Corgos la posibilidad de una colaboración seria, comprometiéndose a luchar por un sistema financiero más equitativo para Galicia.

Desde la bancada del PPdeG, su portavoz, Alberto Pazos, defendió que la propuesta del Gobierno "no se basa en un acuerdo justo entre autonomías, sino en un pacto de partidos" diseñado únicamente para beneficiar a Pedro Sánchez en su permanencia en el Gobierno.