Las tensiones en el Parlamento gallego han resurgido a raíz de la reciente controversia en torno a la entidad público-privada Recursos de Galicia. Tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) han cuestionado la transparencia y el funcionamiento de esta organización, a la que califican de “chiringuito” diseñado para eludir los controles públicos establecidos por la Xunta.

El debate se encuadra en una sesión de la Comisión de Industria, donde los representantes de la oposición han exigido a la Xunta esclarecimientos sobre lo que consideran una falta de claridad en la gestión de Recursos de Galicia. La crítica ha cobrado fuerza especialmente tras el informe del Consello de Contas, que instó al gobierno gallego a realizar un esfuerzo de transparencia y a someter a evaluación pública tanto a Recursos de Galicia como a la entidad Impulsa.

Brais Ruanova, del BNG, ha subrayado la imposibilidad de llevar a cabo una fiscalización efectiva de esta entidad, recordando que fue establecida apresuradamente antes de que se aprobara la ley de beneficios para proyectos naturales, lo que implicó un deseo de la Xunta por “repartir carguitos” sin el debido control. Ruanova ha señalado que, aunque la Xunta posee un 30% de participación, la sede inicial de la entidad estuvo en competencias de la Administración gallega, lo que genera dudas sobre la legalidad de sus operaciones.

Además, ha vinculado la forma de operar de Recursos de Galicia con una falta de transparencia que también se refleja en la relación con la sociedad Impulsa Galicia, señalando la existencia de convenios poco claros con empresas como Altri. Ruanova ha cuestionado la legitimidad de las decisiones que toma Recursos de Galicia, al sugerir que estas se toman sin el debido escrutinio público, especialmente en lo relacionado con la aprobación de proyectos mineros.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Iglesias ha criticado la falta de rendición de cuentas en la gestión de Recursos de Galicia y ha preguntado qué es lo que el gobierno está tratando de ocultar detrás de esta “opacidad”. Ha indicado que la entidad es un claro ejemplo de “chiringuito” sin el debido control público, y ha reclamado que el propio Consello de Contas ha documentado estas deficiencias, sugiriendo que el gobierno ha fallado en su compromiso de transparencia.

Iglesias también ha manifestado su preocupación porque las promesas iniciales de Recursos de Galicia no se han concretado en resultados tangibles, lo que agrava la percepción negativa sobre su eficiencia. “Hemos visto cómo la confianza depositada en este organismo ha sido defraudada”, aseveró.

Frente a esta crítica, Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria, ha defendido la legalidad y legitimidad de Recursos de Galicia, alegando que la participación del 30% de la Xunta implica que no existe control público sobre la entidad. Según él, los miembros del consejo de administración, que incluyen conselleiros, no participan en una estructura pública tradicional y la selección del personal se ha realizado a través de mecanismos de búsqueda de talento, no por procedimientos de empleo público.

Vázquez ha rechazado las acusaciones de los grupos de oposición, sugiriendo que su crítica es un intento por desviarse del tema y confundir a la ciudadanía. Ha argumentado que el informe de Contas presenta interpretaciones erróneas y que, de hecho, la creación de Recursos de Galicia se llevó a cabo en concordancia con la normativa vigente en su momento y con el objetivo de agilizar su funcionamiento.

Finalmente, el secretario de Industria ha enfatizado que la función de esta sociedad no es controlar la ubicación de proyectos mineros, sino actuar en el mercado con un enfoque orientado a generar beneficios para la sociedad gallega. En su defensa, se ha cuestionado la lógica de la oposición al afirmar que no existe un traspaso de potestades públicas a la entidad, y ha instado a aclarar la confusión que rodea la situación actual.