El conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, se presentó este miércoles en el Parlamento gallego para abordar los contratos de la Xunta, reafirmando la esencia del controvertido informe de fiscalización referente a la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aunque con algunos matices significativos.

En su intervención, Aladro admitió ante los diferentes grupos parlamentarios que la opción de optar por una licitación pública habría resultado más eficiente en comparación con el modelo de concesión finalmente elegido. Sin embargo, enfatizó que, según lo establecido en su informe, la Xunta no habría podido llevar a cabo la construcción de la infraestructura sin comprometer los objetivos de déficit ni otros gastos vitales, en el contexto de crisis económica que comenzó en 2008.

A lo largo de su intervención, el máximo responsable del Consello de Contas expuso tanto las ventajas como las desventajas de la metodología seleccionada para la construcción del hospital. Entre las deficiencias resaltadas, mencionó la ausencia de un estudio de viabilidad exhaustivo, que fue reemplazado por un análisis socioeconómico financiero, lo que ha generado preocupaciones sobre la planificación adecuada del proyecto.

A pesar de ello, Aladro subrayó aspectos positivos, como la notable reducción de los plazos de construcción, que se llevó a cabo entre 2011 y 2015, y la transferencia de riesgos a la unión temporal de empresas (UTE) responsable del emprendimiento.

La oposición aprovechó la ocasión para cuestionar el informe sobre un supuesto “sobrecoste” de 470 millones de euros asociado a la concesión del hospital. Montse Prado, diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), fue quien más hincapié hizo en este punto, denunciando que los gallegos terminarán pagando una cifra exorbitante, a pesar de que el Partido Popular (PP) podría haber optado por un modelo completamente público.

Al responder a estas acusaciones, Aladro evitó utilizar el término “sobrecoste” y no contradijo la cifra de 470 millones, pero clarificó que, según el valor anual neto (VAN), la diferencia real entre las dos modalidades de contratación se situaría en aproximadamente 165,77 millones de euros, IVA incluido.

La diputada socialista Elena Espinosa reconoció que no había un “sobrecoste” en el sentido estricto, pero reiteró que el informe del Consello de Contas vincula esta cifra a la elección entre la licitación de obras y la de servicios, argumentando que una financiación pública era posible y que el bipartito comandado por el socialista Emilio Pérez Touriño había realizado los estudios pertinentes para ejecutar el proyecto de esta manera.

Espinosa también formuló críticas hacia Tomás Pérez Vidal, exprésidente del Parlamento gallego y actual miembro del Consello de Contas, por su vinculación previa hasta 2020 con el Grupo Puentes y Calzadas, parte de la UTE concesionaria. Cuestionó su transparencia, sugiriendo que había una “ocultación deliberada” de su experiencia en su currículum y un posible “conflicto de intereses”, dado que se encarga de supervisar al Sergas. Sin embargo, Aladro defendió que Pérez Vidal no tuvo participación alguna en el informe relacionado con el hospital.

En el bando del PPdeG, el diputado Roberto Rodríguez celebró que la comparecencia de Aladro confirmase que la cifra de 470 millones no debía considerarse un “sobrecoste”. Aunque aceptó que el modelo de concesión pudo ser menos eficiente, insistió en que, debido a la crisis financiera, la Xunta no estaba en condiciones de construir el hospital por cuenta propia.

Rodríguez también expresó desacuerdo con el criterio del Consello de Contas respecto a la superficie construida del edificio, que se redujo en casi 22.000 metros cuadrados durante la ejecución. Aseguró que el informe solo toma en cuenta la superficie útil hospitalaria, un enfoque que respeta pero no comparte.

A pesar de que se esperaba explorar otros contratos en la comisión de investigación, principalmente aquellos menores y de emergencia durante la pandemia, la atención se centró poco en estos aspectos. La oposición mostró interés por los contratos suscritos con empresas asociadas al expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como Eulen, que tiene a su hermana, Micaela Núñez Feijóo, como directora en el Noroeste, y Universal Support, donde labora su cuñado, Ignacio Cárdenas, que apoyó el servicio de rastreadores durante la crisis sanitaria.

Aladro confirmó que la pandemia impactó de manera significativa la capacidad contractual del Sergas en un entorno de mercado mundial inestable y volátil. Del período de marzo de 2020 a mayo de 2021, la mayoría de los contratos para hacer frente a las necesidades sanitarias generadas por la covid-19 se gestionaron mediante la vía de emergencia, con 148 expedientes que representaron el 47 por ciento del total en los servicios centrales del Sergas.

Entre las recomendaciones emitidas por el órgano de fiscalización se destaca la necesidad de priorizar los procedimientos contractuales con concurrencia competitiva. También criticaron deficiencias en las memorias justificativas en algunos de los procedimientos analizados.

Roberto Rodríguez, del PP, remarcó que el Sergas había proporcionado toda la información necesaria sobre estos contratos al Consello de Contas, el cual no había formulado reparos de legalidad, lo que, según él, desmantelaría la “paranoia corrupta” que la oposición ha venido denunciando durante los últimos 15 años.

Finalmente, en respuesta a una pregunta realizada por Armando Ojea, diputado de Democracia Ourensana, Aladro aclaró que Contas “no tiene funciones de enjuiciamiento”, y en caso de detectar responsabilidad penal, hubiera considerado informar a la Fiscalía sobre ello.