El informe de fiscalización sobre la eficiencia energética en Galicia ha sido oficialmente aprobado y enviado al Parlamento, marcando un importante paso hacia la mejora y optimización de las estructuras administrativas de las entidades locales de la región.

En este contexto, el Consello de Contas hace un llamado a los gobiernos locales gallegos para que realicen ajustes en sus estructuras internas y designen departamentos específicos con competencias adecuadas, apoyados por suficientes recursos económicos y humanos. Esta recomendación responde a la necesidad de que estas entidades cumplan con sus compromisos en materia de ahorro y eficiencia energética.

En particular, el Consello se refiere a los compromisos adoptados en el marco del 'pacto de los alcaldes', un acuerdo mediante el cual diversas entidades locales se han comprometido a implementar los objetivos de clima y energía marcados por la Unión Europea en sus respectivos territorios. Este pacto destaca la importancia de la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2, con un objetivo claro: reducir estas emisiones en al menos un 40% para el año 2030, al mismo tiempo que se fortalece la resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

Sin embargo, el informe también muestra preocupaciones sobre la movilidad urbana sostenible en varias ciudades gallegas. Específicamente, los municipios de Ourense, Santiago, Lugo y Ferrol aún no han aprobado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que regule las formas de desplazamiento sostenibles en sus áreas. Aunque Vigo tiene un plan en marcha, aún carece de normativa sobre la zona de bajas emisiones, un aspecto crítico en la lucha contra la contaminación.

El documento presentado, titulado 'Informe de fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las Entidades Locales de Galicia. Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes', ha sido elaborado con la colaboración del Tribunal de Cuentas y de la comunidad de Órganos Autonómicos de Control Externo, en la que se integra el Consello de Contas de Galicia.

Este informe se enfoca en evaluar la eficacia de los planes de acción implementados por las entidades adheridas al 'pacto europeo de las alcaldías' y en sus planes generales de ahorro energético, abarcando también los planes sectoriales o parciales adoptados a nivel local.

Uno de los principales objetivos de la fiscalización es comprobar la existencia de estos planes de ahorro y eficiencia energética en las entidades locales y analizar cómo se han elaborado. Se busca, además, verificar si el contenido de estos planes se ajusta a la normativa estatal y autonómica, así como a las recomendaciones de los planes nacionales.

Un aspecto fundamental también es evaluar si la planificación local cumple con las obligaciones establecidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, sobre cambio climático y transición energética, así como con el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que regula medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, incluyendo ayudas económicas y estrategias para el ahorro energético y la reducción de la dependencia del gas natural.

Asimismo, el informe pretende determinar si se han establecido procedimientos y sistemas para el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en los planes de ahorro y eficiencia. Finalmente, se busca garantizar que se cumplan las obligaciones de transparencia estipuladas en la normativa estatal y autonómica vigente.

Este proceso de fiscalización se completará en el año 2025 con una auditoría relacionada con la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones en los distintos municipios de Galicia, lo que promete ser un avance crucial en los esfuerzos por una gestión energética más responsable y sostenible en la comunidad.