Un acuerdo judicial ha llevado a reducir las penas solicitadas en un caso de violencia ocurrido en 2023 en Ribeira, A Coruña, gracias a consideraciones sobre la drogadicción de los acusados y el compromiso de resarcir a la víctima.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 de marzo.

Los dos hombres implicados en el apuñalamiento y el disparo a un joven en Ribeira han aceptado cumplir condenas de seis años y medio y cinco años de prisión, respectivamente, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Durante la sesión de conformidad celebrada el lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, la fiscal explicó que el pacto ha modificado varios aspectos del sumario original, incluida una clara referencia a la adicción a las drogas de los acusados.

Aparte de esto, se acordó que, antes del juicio, los acusados abonaron una suma total de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La fiscalía, en su consideración, solicitó seis meses de prisión por un delito de amenazas graves, cinco años por tentativa de homicidio y un año por tenencia de armas para uno de ellos, mientras que al otro se le pidió cinco años por intento de homicidio.

Respecto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente 60.000 euros, de los que ya se habían abonado 30.000 antes del juicio. La fiscal también se opuso a la expulsión del país de los condenados debido a su arraigo en la comunidad.

En el caso de los otros dos acusados que facilitaron la fuga de los principales, se propuso que su pena podría ser suspendida si no cometen un delito similar en un plazo de dos años.

Durante la exposición de hechos probados, la jueza relató que el incidente tuvo lugar en la madrugada del 21 de mayo de 2023, cuando los acusados amenazaron a una persona con un arma. Al intentar ayudar a la víctima, un amigo de esta sufrió una agresión que incluyó un apuñalamiento con un cuchillo de grandes dimensiones. Además, el otro acusado disparó a la víctima, causándole graves lesiones que requirieron su ingreso hospitalario.

Posteriormente, los implicados abandonaron rápidamente la escena, dejando el cuchillo atrás, mientras deshacían de la pistola en el mar, aunque esta fue recuperada por la policía más tarde.

Los acusados intentaron escapar del país, pidiendo ayuda a un cómplice para que los condujera, y se refugiaron en la casa de una mujer conocida antes de su expedición hacia Oporto, consciente de su implicación en el crimen.

Finalmente, fueron arrestados en un peaje por la policía. Los hechos han sido evaluados bajo la influencia de las adicciones de los acusados, quienes ya han abonado 30.000 euros a la víctima.

Carmen Ventoso, la abogada de la defensa, solicitó la suspensión de la pena para uno de ellos, argumentando su situación familiar y laboral en España. Ella destacó que el condenado tiene derecho a ser considerado para una suspensión extraordinaria de la pena, dado su estatus de delincuente primario.

Sin embargo, la fiscal se opuso a esta solicitud, argumentando la gravedad del caso y la necesidad de cumplir con las penas impuestas. La abogada de la acusación también cuestionó la responsabilidad civil, señalando que solo se había pagado la mitad de lo requerido y se opuso a la suspensión de la pena.

Finalmente, tras las audiencias y la aceptación de las penas, la jueza solicitó a la defensa que presentara cualquier documentación necesaria para la posible suspensión de la pena, que se decidirá en la sentencia definitiva. Se dejó constancia de que faltan por abonar 30.000 euros.

La sentencia tiene carácter firme, ya que todas las partes acordaron no apelar después de llegar a este acuerdo.

En declaraciones a los medios, Ventoso expresó su satisfacción por el desenlace, señalando que se sentía realizada al ver el reconocimiento de su labor.

Originalmente, el Ministerio Público había solicitado penas de hasta 20 años para el autor de los disparos y 10 años para su cómplice, así como indemnizaciones sustanciales para la víctima herida.