La exconselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes durante el gobierno bipartito, María José Caride, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento gallego. Su intervención se centra en la evaluación del controvertido modelo concesional utilizado para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.

Caride, quien ocupó su cargo entre 2005 y 2009 bajo la presidencia de Emilio Pérez Touriño, defendió durante su declaración las acciones llevadas a cabo por el gobierno del PSdeG y el BNG, destacando que, antes de la llegada del PP al poder en 2009 con Alberto Núñez Feijóo, se habían analizado varias estrategias de financiamiento. La exconselleira afirmó que el bipartito planeaba financiar el hospital a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), lo que estima podría haber ofrecido una mayor flexibilidad financiera.

Durante su intervención, Caride alertó sobre las implicaciones del modelo de concesión adoptado más tarde por el PP, afirmando que este supuso un estrechamiento de la Administración autonómica, comprometiéndola por un plazo de 20 años con una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se ocupa de la gestión del hospital hasta 2035 a cambio de un canon anual. La exconselleira también subrayó que este modelo conllevó un sobrecoste de 470 millones de euros, además de una reducción significativa en el número de camas y la superficie útil proyectada.

Recordando su gestión en el gobierno de Touriño, Caride mencionó que al asumir su papel, su colega en Sanidade, María Xosé Rubio, se encontró con graves irregularidades financieras, incluidas facturas ocultas que ascendían a 325 millones de euros. A pesar de las dificultades, la conselleira expresó que el equipo comenzó a explorar alternativas para atender los profundos problemas estructurales existentes en el Hospital Xeral.

Caride destacó que, en el contexto de crecimiento poblacional en la zona, se proyectó un hospital de referencia para Vigo con más de 2,000 camas, en contraste con las aproximadamente 1,400 camas que se construyeron finalmente. Asimismo, sostuvo que el bipartito no heredó ningún plan viable del gobierno de Manuel Fraga, escudándose en que el único avance consistía en un esquema extenso que requería que el Ayuntamiento de Vigo desarrollara diversos terrenos urbanizables.

El gobierno de Touriño optó por acelerar la liberación de los terrenos a través de un proyecto sectorial de carácter supramunicipal. En este contexto, en 2007 se organizó un concurso de ideas y se asignaron 11.5 millones de euros en los presupuestos de 2009 para las expropiaciones necesarias.

Montse Prado, del BNG, agradeció a Caride la clarificación de lo que el bipartito realizó, en respuesta a los ataques del PP que argumentaban que no había habido avances concretos. Por su parte, Patricia Iglesias, del PSdeG, acentuó la importancia del trabajo realizado por Caride en estos años, enfatizando que todo se llevó a cabo desde un enfoque de servicio público.

Iglesias también insistió en las diversas irregularidades presentes en el contrato, señaladas por el Consello de Contas. Según ella, la extensión de la concesión a servicios no sanitarios en hospitales como el Meixoeiro y Nicolás Peña carecía de fundamentación legal. Esto fue contrarrestado por Roberto Rodríguez, del PP, quien recordó que el gobierno de Fraga había avanzado en la redacción del programa funcional antes de las elecciones de 2005.

Rodríguez argumentó que la intervención del bipartito había paralizado la adjudicación del anteproyecto. No obstante, Caride sostuvo que el Consello de la Xunta de Touriño realizó un estudio que consideraba a la Sociedade Pública de Investimentos como la entidad más adecuada para financiar el nuevo hospital, alineándose con un plan plurianual que incluía diversas obras.

La exconselleira también desafió la narrativa del PP, preguntando por qué su predecesor no había comenzado la construcción del nuevo hospital a pesar del tiempo disponible antes de las elecciones autonómicas de 2005.

En la sesión, Alberto Fernández Villar, jefe de Pneumología en Vigo desde 2010, subrayó que el hospital representó un cambio significativo no solo en la atención sanitaria, sino también en el ámbito de la docencia y la investigación. Sin embargo, reconoció su ignorancia sobre si el modelo de financiación adoptado era el más idóneo.

El debate también incluyó momentos de tensión entre Patricia Iglesias y Roberto Rodríguez, quienes exigieron mutuamente la retirada de ciertas declaraciones realizadas en sesiones anteriores. Iglesias anteriormente había insinuado que la concesión del Álvaro Cunqueiro parecía haber sido diseñada a medida para determinados intereses, y Rodríguez respondió acusándola de imputar delitos a funcionarios públicos.

El enfrentamiento culminó en la intervención de la presidenta de la comisión, Elena Candia, quien instó a ambas partes a llegar a un acuerdo sobre el registro de sus declaraciones más polémicas, sugiriendo que se omitieran del acta para evitar mayores conflictos.