En una rueda de prensa realizada en A Coruña, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta que trabaje activamente para revocar la concesión de la AP-9 y poner fin a lo que considera una situación de discriminación, en lugar de limitarse a hablar sobre la transferencia de la misma.

Este llamado de atención se produce después de que el Gobierno gallego presentara un estudio encargado a una consultora sobre los costos que implicaría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9 en el Congreso. Según el estudio, la ley en su estado actual traería consigo la expansión de las bonificaciones existentes y el fin del aumento anual de los peajes.

Pontón ha solicitado que este informe se envíe al Parlamento gallego para que pueda ser examinado en su totalidad, y ha recordado que esta cuestión fue planteada en una iniciativa del BNG que no solo requería un estudio sobre el rescate de la AP-9, sino también sobre las posibles vías legales para anular una extensión de la concesión realizada por el gobierno del PP de Aznar.

La política gallega ha destacado la importancia de poner fin a esta situación que considera una discriminación para todo el país, y ha calificado la concesión existente como "ilegal" por violar la normativa comunitaria. En sus palabras, el informe presentado representa una oportunidad para dar por terminada una concesión que considera injusta y una forma de "atraco a mano armada" a través de los peajes.

Por lo tanto, ha instado a la Xunta a actuar con rapidez para obtener un informe legal que permita avanzar en la anulación de la concesión, la cual considera ilegal y discriminatoria para los gallegos y gallegas, según lo establecido por Bruselas. El estudio presentado por la Xunta estima un sobrecoste de 526 millones de euros para la transferencia de la AP-9 y la ampliación de las bonificaciones, elevando el total a pagarse hasta 2048 a unos 1.676 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha señalado que estos números difieren significativamente de las cifras presentadas por el Gobierno, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el jefe de Proyectos de la consultora, Marcos Maderuelo.