La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado su desaprobación hacia la falta de acción por parte de la Administración autonómica, señalando que esta ha decidido "abdicar" de sus responsabilidades en materia de vivienda.

En una jornada marcada por la urgencia habitacional en Galicia, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió a la Xunta en su visita a A Coruña que implemente "medidas rápidas" para mitigar la crisis de vivienda que afecta a numerosas familias en la comunidad.

Durante su recorrido por la ciudad, que tuvo lugar junto a la alcaldesa Rey, Besteiro hizo hincapié en la importancia de construir vivienda pública que permanezca bajo esta categoría durante toda su existencia. Sin embargo, mientras se esperan los proyectos que podrían tardar años en materializarse, el líder socialista urgió al Gobierno de Rueda a actuar con mayor celeridad, planteando soluciones inmediatas ante la "situación crítica" que vive la juventud y muchas familias gallegas.

Besteiro utilizó a A Coruña como un claro ejemplo de cómo la falta de iniciativa por parte de la Xunta está llevando a los municipios a tomar responsabilidades. Reveló que la ciudad ha iniciado un proceso de transformación en la Empresa Municipal de Vivienda, que ahora gestionará el parque de pisos municipal, además de estar en marcha la construcción de un nuevo edificio en Xuxán y el desarrollo de nuevos polígonos como el de Visma, donde se espera que un 25% de los cerca de 4.000 pisos a construir sean de carácter público.

El dirigente del PSdeG apuntó que la actual crisis es resultado de 15 años en los que los gobiernos de Feijóo y Rueda apenas llevaron a cabo la construcción de vivienda pública, a diferencia del gobierno de Touriño, que durante su mandato logró edificar más de 7.000 viviendas, superando las cifras del PP en un período de tiempo considerable. Es notable, expresó, la escasa cantidad de solo 20 viviendas construidas entre 2015 y 2019.

A pesar de los anuncios realizados por Rueda en un intento por corregir estas políticas, Besteiro argumentó que las nuevas construcciones no satisfacen la urgentísima necesidad de miles de gallegas y gallegos, de los cuales 18.000 están ya inscritos en el registro de solicitudes de vivienda pública.

Por esta razón, instó a la Xunta a acelerar el apoyo a los ayuntamientos para que puedan tramitar las declaraciones de las zonas tensionadas. Recalcó que en otras comunidades autónomas se han implementado medidas que han permitido disminuir los precios del alquiler, apoyándose en incentivos fiscales para propietarios. Sin embargo, criticó que en Galicia la Xunta se aleja de brindar el apoyo necesario a los municipios en este sentido.

“Defendemos la creación de un banco público de alquiler de viviendas”, reiteró Besteiro, quien ya había presentado esta propuesta en el último pleno del Parlamento. Con una inversión estimada en torno a los 20 millones de euros, estimó que sería posible ofrecer al mercado de alquiler alrededor de 5.000 viviendas en toda Galicia, mientras la administración se encargaría de garantizar tanto los contratos como su duración y el pago de alquileres para ayudar a los propietarios, estableciendo precios que frenen la especulación y brinden a las familias la posibilidad de afrontar pagos asequibles.

Según datos del INE, Galicia cuenta con cerca de 500.000 viviendas vacías, de las cuales 20.000 se encuentran en A Coruña, en espera de ser rehabilitadas o de ser puestas en alquiler. “Debemos apostar por lo público de manera decidida", enfatizó Gómez Besteiro, al señalar cómo el mercado privado está llevando a precios de alquiler exorbitantes, especialmente difíciles de manejar para muchos jóvenes, muchos de los cuales perciben sueldos en torno a los 1.200 euros y deben dedicar casi la mitad de su salario al pago de la renta.

“Frente a una situación de emergencia, es fundamental actuar y actuar ya: se necesita más vivienda pública, pero también intervenciones desde lo público para las viviendas en alquiler”, exigió el líder socialista.

Inés Rey, por su parte, coincidió plenamente en que la problemática de la vivienda es consecuencia de la "inacción de la Administración autonómica", que, teniendo las competencias, ha decidido transferir la responsabilidad a los ayuntamientos.

La alcaldesa subrayó que el Plan de Vivienda 2024/2030 de A Coruña tiene la meta de poner en el mercado 4.000 pisos, una parte significativa de ellos de promoción pública. Además, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, se está gestionando un total de 400 propiedades municipales para atender las demandas de vivienda, que ha estimado en un rango de entre 2.700 y 3.000 solicitudes solo en la ciudad.

En relación con el aumento en el número de viviendas destinadas a uso turístico, Rey criticó la falta de acción por parte de la Xunta, que continúa otorgando licencias y, con ello, contribuye a la escalada en los precios de los alquileres residenciales.