La reciente decisión judicial en relación con los incendios forestales que azotaron Verín, en Ourense, ha traído consigo un enfoque matizado sobre la cuestión de la responsabilidad penal y las indemnizaciones asociadas. A pesar de que la condena de la mujer acusada de iniciar estos devastadores fue reducida a tres años de prisión, las consecuencias económicas de sus actos seguirán teniendo un peso significativo, ya que las indemnizaciones a las que deberá hacer frente superan la cifra millonaria de un millón de euros.

El juicio, considerado de gran relevancia por la magnitud de los daños causados y la vasta superficie afectada, estaba previsto que se celebrase durante seis días en la Audiencia Provincial de Ourense. La fiscal del caso, Carmen Eiró, quien se especializa en delitos ambientales, subrayó la extraordinaria gravedad de la situación, dado que cerca de mil hectáreas fueron consumidas por las llamas durante los protagonistas días de agosto de 2022.

Sin embargo, antes del inicio del juicio, se alcanzó un acuerdo entre todas las partes involucradas, lo que llevó a una disminución en la pena originalmente solicitada por el Ministerio Público, que era de seis años. Esta revisión se fundamenta en un informe que sugiere que la acusada no tenía plena conciencia de sus actos, debido a problemas psicológicos relacionados con un trastorno de alcoholismo crónico. Este trastorno, según se detalla, afecta significativamente su capacidad para comprender las consecuencias de sus acciones.

Además del alcoholismo, se ha revelado que la acusada padece un "trastorno límite" de la personalidad, lo que, según la fiscal, plantea una preocupación sobre su responsabilidad plena en los hechos. En palabras de Eiró, "prendió fuego como pudo haber hecho cualquier otra barbaridad", aludiendo a la naturaleza impulsiva asociada a su condición mental.

Durante la instrucción del caso, se observó que la mujer había proporcionado declaraciones confusas y contradictorias, las cuales no se alineaban con las evidencias recopiladas por los cuerpos de seguridad, que incluían testimonios de testigos y rastros de su dispositivo móvil. La fiscal consideró que estos elementos constituyeron "prueba indiciaria consistente", aunque admitió experimentar sentimientos encontrados durante el proceso. Eiró enfatizó la importancia de defender la legalidad y el derecho a la tutela judicial efectiva, más allá de su deseo personal de ver una condena más severa.

En medio de esta compleja situación, la fiscal también destacó la labor de los cuerpos de seguridad involucrados en la investigación, elogiando la calidad de su "maravilloso" informe sobre las causas del siniestro. Los incendios que se desataron entre el 3 y el 4 de agosto generaron una alarma considerable, no solo por la extensión de los daños, sino επίσης por las inclementes condiciones climáticas que propiciaron el despliegue de una veintena de focos de fuego.

El acuerdo que se logró no solo incluyó la reducción de la pena de prisión, sino también la imposición de una multa de dos euros diarios durante 18 meses, lo que equivale a poco más de 1.080 euros. Sin embargo, cabe destacar que esto no altera las responsabilidades civiles, que resultan ser considerablemente elevadas. La acusada deberá asumir la carga total de las indemnizaciones que han sido establecidas como resultado de los estragos causados.

Específicamente, los daños ocasionados han sido tasados en 601.997 euros, mientras que los costos del operativo de extinción ascienden a 532.655,42 euros, los cuales deberán ser resarcidos a la Xunta de Galicia. Adicionalmente, la Confederación Hidrográfica del Duero exige una compensación de 27.525,73 euros por trabajos relacionados con la limpieza y el corte de árboles afectados por el fuego.

Es importante señalar que, en la etapa de ejecución de la sentencia, es probable que las indemnizaciones sufran un incremento, ya que aún están pendientes las reclamaciones de aseguradoras y particulares que no han sido totalmente cuantificadas. En total, 59 personas se vieron afectadas, con distintos bienes, desde árboles hasta maquinaria y propiedades, siendo ellos los próximos en comparecer para declarar en este proceso complejo y desgastante.