En Ourense, el juzgado de lo social número 1 ha emitido una sentencia declarando nulo el despido del interventor del Ayuntamiento, Gonzalo Alonso, y confirmando que fue víctima de acoso por parte del alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
La demanda presentada por el interventor contra el regidor de Democracia Ourensana ha sido estimada por el juzgado, que ha considerado la conducta del alcalde como acoso laboral.
El magistrado ha declarado la nulidad de todas las acciones tomadas contra el funcionario, incluido su despido, y ha ordenado su reinstalación en su puesto.
Tras una circular informativa del Consistorio anunciando el regreso del interventor a su puesto, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la condena al alcalde a indemnizar al empleado con 30,000 euros.
La resolución judicial destaca que el acoso comenzó tras un informe presentado por el funcionario en una sesión plenaria, lo que llevó al alcalde a llevar a cabo una campaña de desprestigio para justificar su despido.
El juez consideró que el cese del interventor fue ilegal y que el alcalde abusó de su poder para dañar la integridad psicológica del trabajador, llevándolo a un proceso de acoso.
El magistrado concluyó que las acciones del alcalde no tuvieron otro propósito más que perjudicar al funcionario, confundiendo su posición de autoridad con su papel político, lo que resultó en una campaña de desprestigio injustificada.
El cese del interventor fue considerado nulo debido a la incompetencia del alcalde para llevar a cabo esa acción, lo que causó daño a la salud mental del empleado y dejó al ayuntamiento responsable por no tomar medidas para prevenir el acoso, a pesar de las pruebas presentadas.
A pesar de la sentencia, aún queda la posibilidad de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo que indica que este caso aún no ha llegado a su fin.
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