A Coruña se convierte en la primera ciudad gallega con un mercado de vivienda en crisis a partir de este miércoles.
El nuevo marco regulador que se implementará en los próximos tres años tiene como objetivo poner un freno a los incrementos desmesurados en los precios de los alquileres.
A CORUÑA, 29 de julio.
Este martes, el Gobierno de España anunció a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) la designación de 23 municipios como zonas de mercado residencial tensionado. Entre ellos destaca A Coruña, que a partir de este miércoles se convierte en la primera ciudad gallega en recibir este estatus.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a Europa Press, la inclusión de A Coruña, junto a San Sebastián y otros 21 municipios de Navarra, eleva a 8,28 millones el número de personas que residen en áreas con un mercado inmobiliario tensionado.
El ministerio, encabezado por Isabel Rodríguez, anticipa que en un futuro cercano también se sumarán a esta lista ciudades como Santiago de Compostela. Sin embargo, este proceso podría tardar varios meses, ya que la Xunta ha solicitado al Ayuntamiento la corrección de ciertos documentos.
A Coruña, tras haber solicitado oficialmente la declaración en marzo y recibir el respaldo de la Xunta a finales de mayo, ahora tiene luz verde del Ministerio de Vivienda para implementar medidas que regulan los precios de los alquileres, que entrarán en efecto este miércoles y tendrán validez por tres años.
La designación de zona de mercado residencial tensionado permitirá a A Coruña establecer límites en los precios de arrendamiento en áreas donde se han registrado aumentos excesivos en años anteriores. Esta regulación afectará a los nuevos contratos de arrendamiento, que deberán ajustarse al costo del contrato previo, y ofrecerá incentivos fiscales a propietarios que opten por reducir el alquiler de sus inquilinos.
Además, se impondrá un índice de referencia salarial que todos los grandes propietarios de vivienda estarán obligados a respetar en sus nuevos contratos dentro de estos municipios.
Es importante destacar que esta declaración también obliga a las administraciones locales a desarrollar un plan de acción para aumentar la oferta de alquileres y revertir la tendencia al alza en los precios en un plazo de tres años.
Desde el Ministerio afirman que la ley nacional de vivienda de 2021 está dando resultados positivos, citando como ejemplo la situación en Barcelona, donde el alquiler medio ha disminuido un 8.9%, y en Cataluña en general, donde se ha visto una reducción del 4.7%, con más de 11.800 nuevos contratos firmados.
El ministerio subraya que estas medidas benefician a los inquilinos al limitar los precios de arrendamiento y también a pequeños propietarios que cumplen con las regulaciones, quienes pueden deducir hasta un 90% de sus ingresos si reducen los precios en un 5%.
Por todo lo anterior, el Gobierno no comprende el rechazo y las actitudes de obstrucción de algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, como Galicia, hacia esta legislación tan necesaria.
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